Dos años después de la aprobación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en Argentina, todavía persisten "barreras" en el acceso a este derecho, relacionadas con la falta de información y calidad de la prestación y a situaciones de violencia y maltrato, advirtió este jueves Amnistía Internacional.
En un comunicado con motivo del segundo aniversario de esta normativa, la organización de derechos humanos apuntó que durante el primer año y medio de esta ley se registraron 106.764 prácticas en centros de salud públicos de todo el país, aunque continúan los desafíos para su cumplimiento efectivo, tanto en el sector público como privado.
En este contexto, Amnistía señaló como "paradigmático" el caso de Tierra del Fuego, la más austral de las provincias: en la ciudad de Río Grande, "el único hospital público que debe garantizar la interrupción del embarazo no lo hace debido a que los 13 médicos de su servicio de tocoginecología son objetores de conciencia", según la organización.
Por este motivo, desde que la ley de IVE entró en vigor, al menos 34 personas de este municipio con embarazos de más de doce semanas tuvieron que viajar hasta el Hospital Regional de Ushuaia, unos 220 kilómetros al sur de Río Grande, para acceder a un aborto, en unos traslados que han aumentado un 50 % la demanda de este centro médico.
Asimismo, las autoridades provinciales "toleran altos grados de desinformación" en torno a estas prácticas, mediante la difusión, por ejemplo, de carteles sobre líneas telefónicas "para acompañar embarazos inesperados", atendidas por personas que pretenden disuadir a las mujeres de su decisión de abortar, de acuerdo a Amnistía.
"El Ministerio de Salud fueguino tan sólo lanzó una convocatoria a profesionales no objetores de conciencia y no obtuvo resultado. Tampoco adoptó ninguna medida para mejorar en lo inmediato el circuito de información, acceso y derivaciones, ni para respaldar y fortalecer el trabajo de los equipos que actualmente garantizan la práctica", subrayó el comunicado.
Durante este año, la organización de derechos humanos también asegura que documentó fallos en provincias como Salta, en donde una médica fue imputada y posteriormente sobreseída por garantizar un aborto; en Mendoza, región demandada por no brindar suficiente información; o en Buenos Aires, que aún presenta "serios desafíos" para el acceso a esta práctica a nivel municipal.
Desde su entrada en vigor a principios del 2021, la ley de IVE de Argentina permite interrumpir voluntariamente el embarazo hasta la semana 14 de gestación de forma segura, legal y gratuita, siempre en un máximo de diez días desde su requerimiento.
Más allá de esas 14 semanas de plazo, el aborto sólo se permite bajo dos causales que rigen desde la aprobación del Código Penal en 1921: cuando corra peligro la vida de la mujer o si el embarazo fue producto de una violación.
