La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner conocerá finalmente este martes el fallo en la causa por la concesión de obras públicas en Santa Cruz. Al cabo de tres años y medio de debate judicial, los jueces que integran el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 podrían condenarla a prisión, si acceden al pedido que realizó oportunamente la fiscalía.
A las 9.30 horas de este martes, están fijadas las últimas palabras de uno de los imputados, Juan Carlos Villafañe, tras las cuales el Tribunal Oral Federal 2 podrá dar a conocer su veredicto, que se espera en horas de la tarde.
Una enorme expectativa generó en las últimas horas la sentencia que pronunciarán los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Andrés Basso y Jorge Gorini, en un caso que tiene también como imputados al empresario Lázaro Báez y a los ex funcionarios kirchneristas Julio de Vido y José Francisco López. En total, suman 13 los acusados por dos delitos: asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por un monto superior a los 5.321 millones de pesos.
El juicio comenzó en mayo de 2019 y celebró casi un millar de horas de audiencias, que tuvieron su etapa más resonante con los alegatos de la fiscalía y las defensas. A la ex presidenta se la acusa de liderar esa supuesta banda delictiva que favorecía a Báez con la concesión de obras públicas en Santa Cruz. El período investigado va de 2003 a 2015.
La negativa de Cristina y las posibles repercusiones
La posibilidad de que la titular del Senado y líder del Frente de Todos sea condenada puso al kirchnerismo en estado de alerta y para esta mañana se anuncian manifestaciones callejeras en respaldo de Cristina, que en las últimas horas insistió en que "todo lo que se dijo" durante el proceso judicial en su contra "es una absoluta mentira".
Fernández ha denunciado en numerosas ocasiones que la sentencia contra ella "estaba escrita", como ya dijo el 2 de diciembre de 2019 -días antes de asumir como vicepresidenta en el actual Ejecutivo- cuando se le tomó declaración.
Y si en aquel momento se refirió a los magistrados que seguían la causa como "tribunal del 'lawfare' (hostigamiento judicial)", la semana pasada, cuando pronunció sus últimas palabras, dijo que se había "quedado corta" y que era "un pelotón de fusilamiento".
Si este martes se emite una condena contra Fernández, deberá transitar un largo proceso hasta ser refrendada o rechazada por la Corte Suprema.
La líder del peronismo kirchnerista cuenta con fueros que la blindan de una eventual detención hasta diciembre de 2023, cuando termina su mandato como vicepresidenta, y, aunque aún no ha desvelado si será candidata en las elecciones de octubre próximo, algunos analistas comentan que podría presentarse al menos como senadora para mantener la inmunidad.
El veredicto
Este martes está previsto que se conozca únicamente el veredicto (inocente o culpable y en este último caso, cuántos años de pena), aunque no así los fundamentos del fallo, de primera instancia. Los jueces disponen de un período de 40 días hábiles para dar a conocer sus argumentos, lo que -tomando en cuenta la proximidad de la feria judicial de enero- estira los plazos al primer trimestre del año próximo.
El pasado 22 de agosto los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron penas que van de los dos a los 12 años de prisión, en este último caso para Cristina y el empresario kirchnerista Báez.
Además, solicitaron que a la vicepresidenta se la inhabilite de por vida para ejercer cargos públicos. De todos modos, en el caso de que la funcionaria sea declarada culpable, no habrá consecuencias jurídicas inmediatas para ella: primero porque tiene fueros y segundo porque para que el fallo sea de cumplimiento efectivo debe quedar firme. Ello supone un largo trecho hasta llegar, probablemente, hasta la Corte Suprema de Justicia.
La lectura del veredicto -aproximadamente a las 18- se hará por videoconferencia para todas las partes y con la presencia en el tribunal de los tres jueces, Giménez Uriburu, Basso y Gorini.
De acuerdo con Luciani y Mola, Cristina y Báez, de igual modo que el fallecido ex presidente Néstor Kirchner, fueron los máximos responsables de lo que consideraron una "asociación ilícita" articulada desde el Gobierno nacional a lo largo de 12 años.
Los pedidos de pena
- Cristina Kirchner: 12 años por defraudación contra la administración pública y jefa de la asociación ilícita.
- Lázaro Báez: 12 años como organizador de la asociación ilícita y partícipe necesario de defraudación.
- Julio De Vido (ex ministro de Planificación): 10 años de prisión como organizador de la asociación ilícita y partícipe necesario en la defraudación.
- José Francisco López (ex secretario de Obras Públicas): 10 años de prisión como organizador de la asociación ilícita y partícipe necesario en la defraudación.
- Nelson Periotti (ex titular de Vialidad Nacional: 10 años de prisión Mauricio Collareda (ex jefe del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional): 6 años.
- Juan Carlos Villafañe (ex titular de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz): 6 años.
- Raúl Daruich (ex jefe del Distrito Santa Cruz de Vialidad Nacional): 5 años.
- Raúl Pavesi (ex titular de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz): 5 años.
- Abel Fatala (ex subsecretario de Obras Públicas): 4 años de prisión.
- Raúl Santibáñez (ex presidente del directorio de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz): 4 años.
- Héctor Garro (ex presidente de la Administración General De Vialidad Provincial de Santa Cruz): 3 años de prisión en suspenso.
- Carlos Santiago Kirchner (ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal): solo 2 años por administración fraudulenta.
