Desde agosto es la nueva secretaria de la Comisión de Disciplina en el Consejo de la Magistratura. Sin dudas se trata de un puesto clave en una comisión clave en un organismo clave, valgan todas las redundancias.

Porque ha sido ahí donde no hace mucho tiempo el macrismo operó con total brutalidad durante la gestión anterior para iniciar las causas y forzar las renuncias o las destituciones de los jueces que molestaban al gobierno anterior. Lo padecieron jueces como Eduardo Freiler o Carlos Rozansky, entre muchos otros.

La comisión es actualmente presidida por la senadora oficialista Inés Pilatti Vergara, secundada por la radical Silvia Giacoppo. Y desde agosto, la tercera silla más importante ha quedado ocupada por la nueva secretaria, Bettina Paula Castorino.

Castorino es una abogada que en 2003 había llegado al Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la mano del ibarrismo, e incluso llegó a presidir ese organismo.

Sin embargo, dos años más tarde, debió enfrentar un juicio político en el que la sala acusadora la sometía a proceso bajo las causales de mal desempeño de sus funciones. Incluía en la acusación la “cobertura de cargos sin concurso público, probable negligencia, impericia y/o falta de idoneidad en la gestión, sobredimensionamiento del consejo en detrimento de los juzgados y el ministerio público, subejecución presupuestaria en 2003 y 2004, posible negligencia en la satisfacción de las necesidades de insumos y edilicias de juzgados y fiscalías, asignación e incremento salariales en forma discrecional y falta de cumplimiento de recomendaciones de la Auditoría General de la Ciudad”, entre otras.

Si no llegó a ser juzgada y destituida, solo fue porque presentó la renuncia en diciembre de 2005. Y en buena medida esa renuncia se precipitó luego de que por cuerda separada, el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario la hallara responsable por el cobro excesivo de haberes. Fue la titular del Juzgado Nº 6 de ese fuero, Patricia López Vergara, quien concluyó que era ilegal una parte del salario cobrado por algunos de los miembros del Consejo de la Magistratura de la Ciudad y ordenó devolver el dinero percibido por encima de lo fijado por la ley.

La denuncia había sido presentada por Poder Ciudadano, en una causa que se inició en noviembre de 2004. No sólo Castorino resultó condenada en esta causa, sino que compartió sentencia con Juan Sebastián Destéfano, el mismo que en la década siguiente se convertiría en uno de los alfiles más estratégicos del espionaje del gobierno de Cambiemos, y que actualmente volvió a hallar refugio en la función pública, amparado por el gobierno de Rodríguez Larreta, y ocupando una butaca en el directorio de la SBASE (Subterráneos de Buenos Aires).

Tanto Castorino como Destéfano (junto a otros cuatro consejeros) fueron condenados a devolver las sumas de dinero percibidas "por encima de lo legal". Además, la jueza Vergara remitió copia de lo actuado a la Justicia penal, a efectos de que tome intervención en razón "de la percepción ilegítima de fondos públicos, tanto al practicarse las liquidaciones como en la recepción de sus destinatarios".

Lo llamativo es que estos antecedentes no hayan sido sopesados por el plenario del Consejo de la Magistratura, que en su sesión del 15 de julio, y bajo la presidencia del titular de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, no pareció encontrar inconveniente alguno para la designación de Castorino.