Cuatro meses y ocho días después de que aterrizara el Boeing 747 de la venezolana Emtrasur, finalmente la Justicia argentina decidió levantarle las barreras a lo que quedaba de su tripulación y también permitir que la aeronave vuelva a su país de origen.

Ello fue consecuencia de lo resuelto por el Juzgado Federal I de Lomas de Zamora, que tras una copiosa investigación, y urgida por el plazo que le había marcado la Cámara Federal de La Plata, resolvió que no había mérito para procesar a los cinco extranjeros, pero tampoco para dictar sobreseimientos.

Esto en la práctica significa que le investigación que es conducida por el juez federal Federico Villena continuará buscando determinar si existe una conexión entre lo que es una empresa estatal venezolana con aparente actividad comercial, con lo que son organizaciones internacionales consideradas terroristas por nuestro país.

Precisamente de ello se trataba la imputación en contra de los venezolanos Víctor Manuel Pérez y Mario Arraga Urdaneta, y los iraníes Gholamreza Ghasemi, Abdolbaset Mohammadi y Saeid Vali Zadeh.

En una causa muy atravesada por presiones de la DAIA, la embajada de Israel y la participación del FBI y las cortes de Florida y del distrito de Columbia, el juez Villena los acusa del delito de "obtener dinero y/o bienes mediante la realización de operaciones comerciales lícitas, a través de la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur (Emtrasur S.A.)", con la intención de que esos fondos "sean utilizados o a sabiendas de que serían destinados para financiar a organizaciones consideradas terroristas" por la Argentina.

En ese sentido, se investiga si los venezolanos Urdaneta y Pérez Gómez (gerente de administración y gerente de operaciones) "habrían abierto cuentas bancarias en paraísos fiscales y/o conformado empresas vinculadas a la actividad". En tanto, a los iraníes Ghasemi, Mohammadi y Zadeh (capitán de vuelo e ingenieros de vuelo), se los señala como los posibles nexos con Hezbollah.

No se los está acusando de practicar o pretender ejecutar actos terroristas propiamente dichos, sino de trabajar para acercarles financiamiento. "El derecho internacional expresa con determinación la necesidad de que los Estados adopten medidas preventivas para reprimir la preparación de todo acto de terrorismo, considerando que el primer paso para ello es la financiación", señala el juez, al detallar el marco jurídico de su pesquisa.

En ese sentido, cita la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU, al afirmar que los estados "deben velar por el enjuiciamiento de toda persona que participe no solo del acto de terrorismo propiamente dicho sino de su financiación, planificación y preparación".

Y en el plano local, se parapeta sobre el artículo 306 de nuestro Código Penal, el mismo que prevé penas de 5 a 15 años de prisión para el que "directa o indirectamente recolectare o proveyere bienes o dinero, con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de que serán utilizados, en todo o en parte… para financiar la comisión de un delito con la finalidad establecida en el artículo 41 quinquies", esto es, actividades terroristas.

Luego del análisis de la figura penal, a partir de la doctrina de diversos autores, Villena se detiene en el llamado "elemento subjetivo", señalando que "debe existir una conexidad cognitiva entre el autor de la financiación y la perpetración delictiva terrorista llevada a cabo por un tercero”. Y es justamente ahí donde ahora permanece situada la investigación: en encontrar pruebas que confirmen o que descarten que la tripulación del Boeing buscaba generar fondos para Hezbollah.

Es por esa razón que Villena, urgido de algún modo por el plazo de 10 días que le había impuesto la Cámara de La Plata para que tome una resolución a los pedidos de las defensas, concluyó que "no es posible arribar a un pronunciamiento en los términos del artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, ni tampoco puede ponerse fin al proceso".

Qué tiene y qué está buscando

Por de pronto, la investigación logró reconstruir la cadena de pagos por el servicio prestado por Emtrasur, que fue contratada para trasladar autopartes desde Querétaro (México) a Buenos Aires, destinados a la Planta Volkswagen de Pacheco.

La empresa venezolana terminó facturando 600 mil dólares. Pero la transacción originaria se había gestado por mucho más. Así lo determina la resolución de Villena, quien señala que el contrato originario fue entre Volkswagen Argentina s.a. y la autopartista SAS Automotriz s.a. por una suma que no aparece detallada en el expediente.

SAS Automotriz subcontrata a su vez a Fracht Argentina, a cambio de 960 mil dólares, y le deposita el pago en la sucursal Nueva York del JP Morgan Chase. Fracht Argentina, por su parte, contrata al bróker Aerocharter México para que se encargue de la tarea, y le paga 885 mil dólares, depositándole en el Banco Santander de México.

Aerocharter Mexico contrata a Zorex USA LLC, y ahora la cifra baja a 825 mil dólares, con pago a una cuenta del Bank of America. De esa cifra, Zorex sólo recibió 780 mil dólares, ya que en el camino "muerde” 45 mil dólares la intermediaria Gopex, que se habría encargado de unir las puntas entre Zorex y Aerocharter. Y finalmente es Zorex la que contrata a Emtrasur para concretar el trabajo, a cambio de 600 mil dólares.

Esto implica que, en el camino hasta llegar al vínculo con la empresa venezolana y los instructores iraníes, se terminaron evaporando 360 mil dólares, es decir, más del 50% del contrato original.

Pero a su vez, los 600 mil cobrados por Emtrasur, fueron en la práctica depositados en una cuenta del banco Banitsmo S.A. en Panamá, a nombre de la empresa IPM Project Management, en concepto de "gastos comerciales".

Según afirma el juez Villena, "la empresa que más beneficio económico obtuvo por la operación comercial fue Zorex, firma que pertenecería a la sociedad Alcux Air Spain, siendo ésta la cual, en un primer término y con más de dos meses de antelación, había suscrito el contrato con Emtrasur".

"Los elementos de juicio no autorizan el dictado del auto de procesamiento, y a la vez, tampoco tienen entidad para descartar la existencia del hecho, su carácter delictuoso o la responsabilidad del imputado"

Federico Villena, Juez Federal I de Lomas de Zamora

A su vez, el juez tiene sobradamente probado que los tres iraníes imputados, con Gholamreza Ghasemi a la cabeza, han sido autoridades o pilotos de la firma Qeshm Fars Air. Esta aerolínea fue identificada por el Tesoro de los Estados Unidos en 2019 debido a su participación directa en la actividad terrorista, afirmando, además, que dicha empresa proporciona asistencia a Qods Force y a la aerolínea iraní Mahan Air, las cuales han sido designadas como entidades terroristas (Terrorista Global Especialmente Designado, SDGT) por Washington.

Se ha verificado también que ya sea Ghasemi, Mohammadi y/o Zadeh han sido parte de la tripulación en varios de los 17 vuelos que unieron Teherán con Damasco entre el 27 de mayo de 2020 y el 26 de abril de este año, presuntamente para el traslado de material bélico destinados a los grupos terroristas de Hezbollah atrincherados en el norte de Siria.

Por ahora no

Ahora bien: ¿alcanza todo esto para afirmar con el grado de certeza necesario que en ese frondoso bosque de brókers, intermediarios, representantes y beneficiarios, donde se evaporó más de la mitad del contrato original, está la prueba de que el dinero fue a parar a una de las organizaciones consideradas terroristas por nuestra Cancillería?

Evidentemente el juez se inclina por la negativa. Al menos por ahora.

Sin embargo, a la luz de la prueba que tiene sobre su escritorio, se siente con motivos suficientes como para no cerrar la investigación.

Por esa razón, en su parte resolutiva, el texto del juez de Lomas de Zamora adelanta que se solicitará a la empresa Refinitiv (firma anglo-norteamericana dedicada a la elaboración de informes comerciales corporativos), que emita informes detallados sobre todas las empresas que aparecieron en la ruta de pago mencionada más arriba, como así también que indague sobre las firmas con sede en diferentes continentes y que son propiedad de alguno de los cinco imputados. Se busca recorrer toda la pista financiera, para confirmar o descartar hipótesis.

En la resolución, Villena decide librar exhortos a diferentes países, con el fin de obtener información ya sea sobre intermediarios, representantes o proveedores de Emtrasur, a partir de nombres que surgieron de las declaraciones indagatorias de los imputados o de documentación presente en sus celulares y tablets.

Entre otras cosas, se pide a Panamá que informe si en ese país figuran empresas comerciales a nombre de Urdaneta, Pérez Gómez, Ghasemi, Zadeh y Moammadi.

A Venezuela, lógicamente se le pide que informe y documente sobre la propiedad de la aeronave, en tanto que a Siria y a Irán se le solicitan detalles de los 17 vuelos entre Teherán y Damasco realizados por la empresa Qeshm Fars Air.

“Los elementos de juicio no autorizan el dictado del auto de procesamiento, y a la vez, tampoco tienen entidad para descartar la existencia del hecho, su carácter delictuoso o la responsabilidad del imputado”, escribió Villena.

Este lunes, los cinco acusados deberán presentarse en su juzgado, les será devuelta su documentación y estarán listos para emprender regreso. La investigación sigue, pero ya sin “retenidos” en nuestro país.