Cada vez más Estados miembros, como Italia o España, comparten ese análisis, que resulta evidente al echar la vista atrás exactamente un año, cuando el Ejecutivo que preside la alemana Ursula von der Leyen presentó una primera "caja de herramientas" para hacer frente a la crisis, ya entonces galopante.
Aquel documento que defendió la comisaria de Energía, Kadri Simson, no contenía novedades: agrupaba las opciones que ya permitía la legislación europea, alineándose con un bloque de países alérgico a intervenir los mercados, liderado por Alemania y Países Bajos.
"El aumento actual del precio de la electricidad se debe principalmente al aumento de la demanda mundial de gas a medida que se acelera la recuperación económica (...). Es probable que los precios al por mayor del gas sigan siendo elevados durante los meses de invierno y bajen a partir de abril de 2022", razonaba la Comisión.
Corría octubre y el gigante ruso Gazprom se negaba a aumentar el bombeo de gas a la UE, pese a que la subida de precios lo hacía atractivo. No se interpretó como un movimiento prebélico. Parecía que Vladímir Putin presionaba para que se aprobase el gasoducto Nord Stream 2 y Bruselas se afanó en diversificar proveedores.
Poco después, Alemania cambió de gobierno. El partido democristiano de Von der Leyen y Angela Merkel había perdido las elecciones de septiembre y el socialdemócrata Olaf Scholz pasó de vicecanciller a canciller en diciembre.
Cuando arrancó 2022, Berlín y la Comisión seguían apoyando el enfoque no intervencionista y en una reunión en Amiens (Francia) con los ministros de los Veintisiete, la comisaria de Energía aún defendía su "caja de herramientas".
Por aquel entonces, la UE se habían gastado 21.000 millones de euros en ayudas para aplacar el golpe energético, una factura que ronda ya los 500.000 millones.
El 24 de febrero, Rusia invadió Ucrania. Bruselas no se lo esperaba, pero reaccionó con agilidad para apoyar militarmente a Kiev y aprobar sanciones contra Moscú, aunque siguió arrastrando los pies en materia energética.
La Comisión presentó en marzo su plan "RepowerEU" para alejarse aceleradamente del gas ruso e invertir en renovables, pero seguía sin querer intervenir el mercado eléctrico para desacoplar gas y megavatios, pese a que el hidrocarburo seguía impulsando el precio de la electricidad.
A falta de una solución a veintisiete, Madrid y Lisboa consiguieron que se les permitiera aplicar una "excepción ibérica" para limitar el impacto artificial del gas en el precio de la electricidad, un mecanismo que va camino de extenderse ahora el resto de la UE.
En paralelo, Von der Leyen pactó que Estados Unidos enviara 15.000 millones de metros cúbicos más de gas la UE en 2022. Pero el gas, ya muy caro, se paga en dólares. Y el euro se ha depreciado en estos meses un 15 % respecto a la moneda americana.
Poco antes del verano, Bruselas propuso medidas, de nuevo convencionales, que avalaron los Veintisiete: ahorrar un 15 % de gas y llenar los depósitos para el invierno.
Los precios del gas tocaron un máximo histórico en agosto y en septiembre, la Comisión reaccionó: Von der Leyen abogó por desacoplar el gas del precio de la electricidad y por poner un precio máximo a la compra de gas ruso.
El cambio de postura de la exministra alemana, que coincidió con un giro de 180 grados también de Berlín, se completaba con la idea de crear nuevos impuestos para las empresas energéticas, como los que ya preparaban por su cuenta Bélgica o España.
"Es un debate que debíamos de haber tenido hace un año y evitar el espectacular coste de la energía en Europa en estos meses", dijo Teresa Ribera ante el volantazo de Bruselas, al tiempo que España y otros catorce países reclamaban imponer un precio máximo no sólo a las importaciones de Rusia, sino a todo el gas.
La idea, de nuevo, parece atascarse porque no gusta en Alemania, que prefiere pagar caro y no arriesgar el suministro, aunque Berlín sí parece haberse abierto a organizar compras conjuntas de gas natural licuado, iniciativa que también lleva madurando en Bruselas desde que Francia, España, Rumanía y Grecia la plantearon en 2021 y que probablemente estará lista en 2023.
"No utilizaré la palabra irritación sino más bien una cierta impaciencia", dijo en una cumbre europea en Praga el jefe del Gobierno de Bélgica, Alexander de Croo, firme defensor del tope al gas.
Más directo fue, según el diario La Stampa, el primer ministro en funciones de Italia, Mario Draghi, muy crítico también con los 200.000 millones de euros en subsidios anunciados por Alemania.
"Hemos estado discutiendo sobre el gas durante siete meses. Hemos gastado decenas de miles de millones de contribuyentes europeos que han servido para financiar la guerra de Moscú y no hemos solucionado nada todavía. Si no hubiéramos perdido tanto tiempo, ahora no estaríamos al borde de la recesión", espetó Draghi en esa reunión, mirando a Ursula Von der Leyen, a Olaf Scholz y al holandés Mark Rutte.
