El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, objetó un proyecto de ley que busca reconocer la minería de criptomonedas como una actividad industrial y en consecuencia establecer un porcentaje para fijar la tarifa de consumo, entre otras disposiciones referidas a la comercialización, custodia y administración de criptoactivos.
Abdo Benítez vetó "totalmente" la iniciativa mediante un decreto.
La iniciativa de ley pasará nuevamente a discusión, por separado, de ambas cámaras, que deberán decidir entre la aprobación inicial o si aceptan el veto del Ejecutivo.
"La propuesta legislativa pretende, en resumidas cuentas, reconocer a la minería de criptoactivos como una actividad industrial", reza el decreto.
Además, refiere que el documento avalado por el Congreso busca establecer que la tarifa para la minería de criptoactivos "no exceda" el 15 % con relación a la tarifa industrial vigente.
Igualmente, otorga permisos de hasta cinco años a favor de proveedores de servicios y de los mineros de criptoactivos, así como crear una dependencia especializada y establecer sanciones, entre otras medidas.
El decreto señala, citando un concepto de la Administración Nacional de Energía Eléctrica (Ande), que la minería de criptoactivos "se caracteriza por su alto consumo de energía eléctrica, con uso intensivo de capital y escasa utilización de mano de obra".
Por esta razón, considera que corresponde caracterizar la minería de criptoactivos "como consumo electro intensivo y no como consumo industrial, debido a que no genera un valor agregado".
En la misma tónica, el Ministerio de Industria y Comercio advierte en el decreto que las actividades que pretenden fomentar el proyecto de ley requieren "una cantidad significativa de energía que pueden comprometer el desarrollo y la expansión de una industria nacional inclusiva y sostenible".
Incluso, alerta que, si Paraguay quiere intensificar hoy en día la criptominería, "en los próximos cuatro años se verá forzado a importar energía eléctrica".
A su vez, el Banco Central Paraguayo (BCP) puntualiza que las criptomonedas "no están respaldadas por ninguna autoridad monetaria y, por tanto, su custodia no está supervisada".
Tampoco cuentan con mecanismos de protección o seguridad como ofrecen otros activos, agrega el emisor, y añade que "los criptoactivos no cumplen funciones básicas del dinero y constituyen inversiones de alto riesgo".
