El encuentro lo encabeza el fiscal Diego Luciani quien, en las jornadas anteriores, aseguró tener pruebas de que los ex presidentes Néstor y Cristina Kirchner beneficiaron al empresario Lázaro Báez con preferencias en el otorgamiento de licitaciones para obras.
La defensa de la presidenta recursó al fiscal la semana pasada, junto al también fiscal en el proceso oral Sergio Mola y al juez Jorge Gorini, a los primeros por cercanía con la gestión de Mauricio Macri y al último por haber visitado la Casa Rosada también durante el período 2015-2019.
A fines de la semana pasada, el tribunal rechazó los pedidos de recusación y dispuso que se continúe el proceso.
Superada la primera instancia de la etapa de las recusaciones, rechazadas todas el viernes a última hora, los fiscales retomaron la descripción de los hechos que, según anticiparon, derivarán en pedidos de penas severas para los 13 acusados.
Los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu (estos dos últimos, recusados) decidieron el viernes, en sendas resoluciones, rechazar los pedidos de apartamientos que los involucraban a ellos mismos y también los de los fiscales.
Esa decisión pasará ahora "en consulta" a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá ratificar el rechazo o podrá, en su defecto, modificar la decisión respecto de algunas o todas las recusaciones.
El rol querellante lo tenía la Unidad de Información Financiera (UIF), pero antes de la feria judicial de invierno anunció que no formularía acusaciones y dejó esa misión reservada sólo a la fiscalía.
La causa
Cristina enfrenta este juicio oral por un supuesto redireccionamiento de la obra pública de Santa Cruz durante sus mandatos como presidenta (2007-2011 y 2011-2015) en favor de Lázaro Báez, el empresario y exsocio comercial de los gobiernos kirchneristas, y hoy condenado por otros casos de corrupción y bajo arresto domiciliario.
A diferencia de las otras denuncias, este es el primer juicio contra la vicepresidenta que llega hasta la etapa de los alegatos, la instancia previa a la sentencia donde el tribunal define la condena o la absolución.
En el caso, se juzgan las irregularidades en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz de 2003 a 2015.
Los acusados son 13. Además de Báez y Cristina los exfuncionarios Julio De Vido (exministro de Obras Públicas), José López (exsecretario de Obras Públicas) y Nelson Periotti (extitular de Vialidad Nacional), entre otros. La Fiscalía ya adelantó que entiende que la acusación se probó durante el juicio y que pedirá condena.
Lo que viene
A Luciani y Mola les restan la de hoy y otras dos jornadas de audiencias que se extenderán hasta el lunes de la semana que viene, para luego darle lugar a los alegatos de las defensas. En esa instancia, cada defensa dispondrá de tres jornadas para alegar, pero varios abogados habían adelantado antes de que se produjera la acusación fiscal que planeaban utilizar menos tiempo que el concedido. La incógnita ahora es si, a raíz del tenor de las acusaciones, utilizarán todo el tiempo disponible para refutar la acusación.|
