El Gobierno de Brasil autorizó al sector privado explotar uranio y otros minerales nucleares en asociación con el Estado, que hasta ahora tenía competencia exclusiva, según un decreto publicado este viernes, y que deberá ser ratificado por el Parlamento.
La medida trae "mayor flexibilidad a la participación del sector privado", en alianza con la empresa estatal "Industrias Nucleares de Brasil" (INB), en la exploración de minerales nucleares en el país", indicó el Ministerio de Minas y Energía en una nota.
"La nueva legislación permite realizar nuevos modelos de asociación entre INB y socios privados para la explotación de yacimientos minerales que contengan minerales nucleares", añadió la información.
El texto modifica el marco legal para el sector de explotación de minerales nucleares en Brasil, que data de las décadas de 1960 y 1970.
Actualmente, las actividades de investigación, extracción, enriquecimiento, industrialización y comercialización de minerales nucleares y su derivados son "realizadas exclusivamente" por INB.
La firma estatal actúa en toda la cadena productiva, desde la minería hasta la fabricación del combustible que genera electricidad para las centrales nucleares brasileñas.
Actualmente, cuando el titular de una concesión minera encuentra "elementos nucleares" es obligado a comunicárselo a las autoridades brasileñas, con la posibilidad de que todo el yacimiento pase a manos del poder público, si esos minerales nucleares son predominantes.
"Con el decreto, independientemente del valor económico de los elementos nucleares presentes en el yacimiento mineral, se crea la oportunidad de alianzas" entre la empresa minera y el Estado para el "aprovechamiento de todos los recursos minerales allí presentes", explicó el Ejecutivo.
En este contexto, el Gobierno del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro espera que ahora, mediante alianzas público-privadas, aumenten las inversiones destinadas a "la investigación, la minería y la capacidad de producción nacional de uranio".
El Ejecutivo brasileño, fuertemente criticado por organismos internacionales y asociaciones ecologistas por sus políticas agresivas en la Amazonía, subrayó que el decreto "busca atraer capital privado con responsabilidad socioambiental".
