Efectivos de la Policía de Jujuy realizaron allanamientos a domicilios de dirigentes y sedes de organizaciones sociales en cumplimiento de una medida judicial en una causa en la que se investigan los presuntos delitos de asociación ilícita y extorsión, y secuestró documentación y otros elementos, medida que fue rechazada por las entidades, que la consideraron una “persecución política” y apuntaron contra el Gobierno provincial de Gerardo Morales.
La medida fue ordenada por el juez de Control Rodolfo Fernández a solicitud del fiscal Diego Funes, especializado en Delitos Económicos y contra la Administración Pública, en el marco de actuaciones iniciadas de oficio. “En total son 16 allanamientos los que se tienen previstos en casas de dirigentes sociales y sedes de las organizaciones”, precisó a Télam la diputada provincial del Frente de Izquierda Natalia Morales.
Las medidas se concretaron desde las 8 en las sedes de las organizaciones, merenderos y en el domicilio particular de militantes sociales en las ciudades de San Salvador de Jujuy, Tilcara, Palpalá y Calilegua. Entre las entidades registradas hay cinco sedes de organizaciones y merenderos que los dirigentes denunciados tienen a su cargo.
Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación repudió "el agravamiento de la persecución política y judicial a organizaciones sociales" y manifestó "su enorme preocupación por una nueva escalada" de este accionar.
"Esta mañana se recibieron denuncias sobre allanamientos masivos y simultáneos realizados por la policía provincial a más de una decena de agrupaciones populares de dirigentes locales de Jujuy con acusaciones ambiguas bajo la figura de asociación ilícita", expresó la secretaría que conduce Horacio Pietragalla, y denunció que "hay una utilización del tipo penal" de esa figura para colocar a los dirigentes "frente a la amenaza de la prisión preventiva".
"A criterio de la Secretaría de Derechos Humanos -afirmó- se trata de una demostración más de la fragilidad institucional que se vive en Jujuy y de la falta de protección de los derechos humanos de la provincia".
Uno de los lugares allanados fue la sede ubicada en el sector B-3 del barrio Alto Comedero donde “el Gobierno de la provincia de Jujuy a través de su fuerza represiva busca intimidarnos y criminalizar las distintas luchas que venimos llevando en la provincia”, denunció en un comunicado el Frente de Organizadores en Lucha (FOL).
“Vamos a entrevistarnos con nuestros abogados para ver todas estas irregularidades y convocar a las organizaciones sociales que están siendo perjudicadas a fin de planificar una gran marcha para protestar y repudiar estos atropellos”, dijo el referente del FOL, Carlos Valda.
Desde esa organización afirmaron que "hay una clara persecución política en el marco del terrible ajuste que se viene llevando adelante en la provincia y en todo el país”.
El abogado Luis Paz se presentó en el domicilio de la dirigente de la Tupac Amaru María Molina, uno de los domicilios allanados, y relató -ante un consulta de Télam- que "no tenía conocimiento formal de la medida judicial".
Sobre el mediodía el letrado aún esperaba contar la orden de allanamiento de parte del ayudante fiscal Oscar Vaccari, quien encabezaba el procedimiento.
Por su lado, el dirigente del Polo Obrero de Jujuy Sebastián Copello dijo -a través de Twitter- que las medidas judiciales representan "una cacería total empujada por el ataque mediático de todo el arco político. Los responsables de la pobreza no tienen autoridad para juzgar a las organizaciones sociales".|
