Tanto dirigentes sociales como especialistas coinciden en que Juntos por el Cambio (JxC) y La Libertad Avanza expresan "una actitud defensiva" ante el avance de los movimientos sociales y persiguen el "rédito" de un electorado que pide un "orden en las calles", algo "imposible" si no se atienden los reclamos de los sectores populares, el "sujeto político más activo de la actualidad".
En la década del 90´la protesta social en el país no solo comenzó a llamarse "piquete" sino que obligó a todos los gobiernos y expresiones políticas a optar distintas medidas y posicionamientos frente a ellos. En lo que va del 2022, tres proyectos de ley fueron presentados por distintos legisladores opositores con el objetivo de sancionar las movilizaciones en las calles.
Hace dos semanas, el diputado de JxC Gerardo Milman llevó una iniciativa al Congreso para suspender la "personería jurídica y/o administrativa" y cualquier "beneficio económico" que recibe por parte del Estado a toda "organización involucrada en delitos o contravenciones" durante movilizaciones.
Al respecto, las organizaciones sociales respondieron: "Hay actitudes defensivas de la derecha ante el avance de los trabajadores", dijo en diálogo con Télam el secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), Gildo Onorato, quien cuestionó a los sectores que son "contemplativos con los poderosos" pero que bregan por "mano dura" sobre "el campo popular y los humildes".
Con la llegada del Frente de Todos (FdT) al Gobierno en 2019, algunos de los referentes de distintas organizaciones alcanzaron cargos en nuevas estructuras especialmente diseñadas para que puedan articular con sus bases, como la Secretaría de Economía y Social, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
Tanto el volumen de estas organizaciones como los "cargos de jerarquía y decisión" que tienen en el Gobierno sus líderes, son características que -según expone el diputado Milman en su proyecto de ley- deben motivar "aún más responsabilidad" en el "respeto de las normas y leyes" durante las manifestaciones.
Durante el 2021 hubo 6.658 movilizaciones -la cifra más alta de los últimos siete años-, un dato que retoma el diputado de JxC Waldo Wolff en otro proyecto que también busca reducir las movilizaciones, pero con el foco puesto en penalizar a los manifestantes.
Esta iniciativa presentada a principios de abril, en la que se propuso quitar toda "prestación económica" que reciba el autor de "delitos o contravenciones" realizadas en manifestaciones, salió a la luz la misma semana en la que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, pidió "sacarles los planes sociales a quienes corten las calles".
Con el repunte de seguidores de La Libertad Avanza, partido encabezado por el diputado Javier Milei, la dirigencia de JxC debate internamente cómo hacer para no competir con ese electorado sino cooptarlo porque, si bien mantienen diferencias, una de las cuestiones en común es el rechazo a la protesta social.
Desde ese lado, el legislador porteño Ramiro Marra presentó en febrero un proyecto de ley con el objetivo de "prohibir las interrupciones" de la circulación "por parte de dos o más individuos", y pidió "designar un espacio particular" para que las personas puedan manifestarse "sin molestar a terceros", lo que provocó repudio de dirigentes y organismos sociales.
"Este tipo de normativa se usa para criminalizar a los integrantes y las organizaciones mismas, y también tienen un efecto de disciplinamiento, de evitar que las organizaciones hagan tal o cual cosa", dijo a Télam el director de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Manuel Tufró.|
