La denuncia iniciada por la Oficina Anticorrupción (OA) que conduce Félix Crous, marca los pasos directo al ex ministro del Interior del Gobierno de Juntos por el Cambio, Rogelio Frigerio y a uno de sus ex colaboradores, Alejandro Oscar Caldarelli, por beneficiar a la empresa Koolhaas S.A. para que se impusiera en la subasta de un inmueble del cual se iba a desprender el Estado nacional. A su vez, el diputado habría invertido (y volvería a hacerlo) en la compra de departamentos desde el pozo en emprendimientos de esa firma.
"Como ya fue expuesto, el día 23 de junio de 2017 el entonces ministro a cargo del Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda –Rogelio Frigerio- dictó la Decisión Administrativa DA-2017-430-APN-JGM mediante la cual se aprobó el procedimiento de subasta ya referenciado y la adjudicación a favor de la firma 'Koolhaas S.A.' de un inmueble con una superficie de terreno aproximada de 5092 mt2, ubicado en la calle Fitz Roy N° 851 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", detalló Marijuan en su dictamen.
"Sin que haya transcurrido un mes de ese acto administrativo, los funcionarios públicos Frigerio y Caldarelli –junto con otra persona de nombre Roberto Oscar Foco- realizaron una inversión de U$S 776.000 firmando un compromiso de 'reserva de compra' para el emprendimiento inmobiliario a realizarse por 'Koolhaas S.A.' sobre el terreno adquirido; situación que robustece la hipótesis delictiva inicial relacionada con la existencia de un interés real y concreto por parte de los funcionarios públicos en el resultado de la subasta y la consecuente adjudicación del inmueble a favor de esa sociedad", remarcó el fiscal.
Además recordó que, antes de la subasta y de la segunda inversión, ambos funcionarios públicos sospechados habrían invertido en el desarrollo del edificio de la calle Arcos 2646 de esta capital, proyecto también llevado adelante por los accionistas de Koolhas, aunque bajo otra razón social.
"En orden a lo desarrollado, entiendo que la prueba colectada durante la instrucción de esta causa permite tener por acreditada la hipótesis delictiva denunciada, corroborándose las relaciones e inversiones efectuadas por Rogelio Frigerio y Alejandro Oscar Caldarelli con las firmas 'Arcos 2646 S.A.' y 'Koolhaas S.A.', sociedades contraladas por Gustavo Alberto Esses y Ariel Eduardo Naistat, resultando la última de ellas adjudicataria en la Subasta Pública N°1/2017 de la Agencia Administradora de Bienes del Estado", concluyó Marijuan.
Una denuncia anónima señaló que al momento de ocurridos los hechos, Frigerio era Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda mientras que Caldarelli se desempeñaba en la Secretaría de Provincias de esa cartera y era presidente del Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional e integraba la Comisión Consultiva del Área Metropolitana de Buenos Aires.
"Queda claro que el 23 de junio de 2017 Rogelio Frigerio adjudicó el inmueble sito en la calle Fitz Roy 851 de la CABA a la firma Koolhaas S.A., cuando aún revestía el carácter de acreedor de Arcos 2646 S.A., sociedades ambas controladas por Gustavo Alberto Esses y Ariel Eduardo Naistat", se sostuvo en aquella denuncia.
Por su parte, Frigerio rechazó la denuncia y señaló en la red social Twitter que "es una nueva operación del kirchnerismo que nos quiere asustar y perseguir con falsas denuncias. No es casualidad que sea anónima y esté impulsada por la Oficina Anticorrupción, ente comandado por La Cámpora. ¡Hasta inventan que un organismo dependía de mí cuando no era así!".
"No hay ninguna chance que logren amedrentarnos, vamos a seguir trabajando por la Argentina y por la provincia Entre Ríos que queremos y nos merecemos", agregó el diputado y exministro del Interior macrista.
La OA había presentado la denuncia en diciembre pasado por los supuestos delitos de "negociaciones incompatibles con la función pública, aceptación de dádiva y cohecho".
Meses atrás, y a pedido del fiscal Marijuan, se libraron distintas órdenes para buscar documentación en las firmas "Koolhaas SA", "Arcos 2646 SA" y "Mirabilia Inversiones SA", ubicadas en la misma sede del barrio porteño de Palermo, y se encomendó la tarea a la Unidad Investigativa Contra la Corrupción de la Policía Federal.|
