Luego de un primer trimestre con fuerte presión inflacionaria e inestabilidad en los mercados, con un dólar que tocó registros históricos de $220 en su versión libre, abril sorprendió con una “primavera financiera” que comenzó a mostrar adversidad en los últimos días y complica la acumulación de reservas en el Banco Central.

Al ritmo de las cosechadoras que llegan a las Ciudad para mostrar el rechazo del sector agropecuario al pago de la nueva versión del “impuesto a la riqueza” –que se ideo en 2020, para compensar los gastos que generó la pandemia– la “pax cambiaria” entra nuevamente en tensiones y con ella los “deja vu” del 2008 y 2009.

Una marcha que tiene más de partidaria que de política, que surgió cuando el Gobierno anunció la quita de un beneficio de 2 puntos de retenciones al poroto de soja, cuando el alza en el precio del trigo y maíz comenzó a impactar en el precio de los alimentos en el mercado interno.

Gracias al peso que ejerció el titular de Agricultura sobre las intenciones del secretario de Comercio, esa fue la única “avanzada” que autorizó el presidente Alberto Fernández; el “desincentivo” a la industrialización de la soja, no derivó en otro tipo de incrementos sobre los derechos de exportación pero de igual manera, el malestar fue creciendo y encontró en la posibilidad de gravar la “renta extraordinaria” la excusa para copar el escenario, con el impulso del fuego amigo de los dirigentes de la oposición, y estudios que describen la “presión tributaria” de la argentina como una de las mayores del mundo.

Contra eso, ningún relevamiento refleja la falta de regulación que existe sobre el margen de rentabilidad y la carga que agrega cada uno de los actores de la cadena de productos como alimentos y bebidas, los que se llevan por delante –mes a mes– a la inflación. Con cifras que imprimen incrementos sobre los elementos que componen la canasta básica, que en el último mes ascendió a $90.000, para una familia tipo.

Mientras, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) que negocia una mesa tripartita con representación del Gobiernos, los gremios y los empresarios definió que en abril el sueldo básico que debe cobrar toda persona contratada “en blanco” por un trabajo full time sea de $ 38.859.

Ese sueldo básico que la Ley Nacional de Empleo (Ley Nº 24.013) define como “la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión”, no alcanza a cubrir las necesidades básicas de subsistencia de una familia.

O sea que, ese valor que sirve de referencia como cifra base para otros ingresos, desde jubilaciones hasta planes sociales, que se negocia en consenso, se coloca hoy, 50 puntos por debajo de la línea de pobreza.

Los impuestos y el justo medio

En síntesis, la Argentina resulta “cara” tanto para los asalariados y los empleadores que contribuyen los 12 meses del año con sus aportes como para el 3 % de empresas que podrían estar alcanzadas por una “renta extraordinaria” producto de los altos rindes que obtuvieron a partir de la guerra que desató Rusia en Ucrania, y disparó el precio de los commodities que producimos y, del mismo modo afecta,  al sector más vulnerable e incluso informal que apenas gana para consumir pero debe afrontar el 21 % de IVA.

Seguramente un relevamiento discriminado y preciso podría dirimir quién pierde más y cómo distribuir mejor; a simple vista pareciera que en esta “guerra” contra la evolución de precios, la inflación arrasa con todo, desdibuja las referencias, mientras que los tributos y tasas que en muchos casos quedan a discreción de cada jurisdicción, en su intento de compensar, engrosan cada vez más la bola.

Por eso, en los pasillos de Hacienda, técnicos “de carrera” insisten con la decisión de quitar peso a todo el sistema para reducir el “costo argentino”, con la reducción de los tributos al consumo; si bien reconocen que la presión fiscal es alta, apuntan que no son tantos ni tan diversos los impuestos que se debe revisar. Claramente, en el listado de más de160 que describió el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, que abarca tasas y contribuciones no tiene el mismo alcance –ni peso en la generación de PBI– el Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) que el impuesto al tabaco.

A raíz del debate que se instaló esta semana, en un informe de Chequeado.com publicó datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que describen que en 2019 (última información disponible) nuestro país era el tercero con mayor presión fiscal de América Latina con un 28,6%, debajo de Brasil (33,1%) y Uruguay (29%).

A nivel internacional, en tanto, la Argentina se encontraba lejos de los países con mayor presión fiscal, como Dinamarca (46,6%), Francia (44,9%), Suecia (42,8%) y Bélgica (42,7%), describe.

No obstante, se deben hacer algunas consideraciones a la hora de comparar la presión fiscal entre países. “Como se explica en esta nota, un factor relevante es el nivel de servicios que los ciudadanos reciben como contraprestación”, agrega el texto que busca echar luz con datos objetivos.

Volviendo a los pasillos del edificio donde se desarrolló el acuerdo de refinanciación de la deuda que contrajo la gestión anterior con el FMI, posiciones técnicas asumen que es necesario redefinir el sistema y apunta a los impuestos al consumo como medida “ejemplar” para bajar la presión. En ese sentido, aseguran que una decisión “de peso” como por ejemplo llevar el IVA de 21 a 10 o 12 por ciento lógicamente conllevará un riesgo que “cualquier político que pase por un lugar tan estratégico como la economía en la Argentina debería estar dispuesto a asumir”.  |