Por medio de un fallo, Guillermo Siaira, Ernesto Molinero, Alejandro De La Torre y Ariel Berliner, por aquel entonces directivos de TV Pública, fueron procesados por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cuyas penas pueden llegar hasta los seis años de cárcel.
En cuanto a Claudio Lamalfa, el tesorero que continúa en funciones, fue dejado fuera del proceso delictivo por “falta de mérito” para procesarlo o sobreseerlo. El juez Martín Irurzun detalló las irregularidades cometidas por los ex funcionarios, que "exceden las simples falencias administrativas" y "corroboran la existencia de un manejo discrecional en los fondos de RTA (Radio y Televisión Argentina) que resultó perjudicial para la entidad".
Supuestamente, se efectivizó por medio de tres expedientes, el retiro de fondos para la compra de materiales "para arte, vestuario y ambientación". Pero que en ninguno había un presupuesto que detallara qué se iba a comprar, ni cuál era el costo, para hacer una "previsión económica" que a su vez permita controlar los gastos.
Ante esto, ninguno de los acusados pudo explicar por qué hicieron estas compras por fuera del "régimen de compras y contrataciones" y sin contar con la aprobación del área competente, que por las sumas involucradas correspondían a "Presidencia, Comité Ejecutivo o Directorio" de RTA.
"Las tres exacciones objeto de reproche superaban individualmente el monto máximo habilitado, ya sea para la contratación directa como para el anticipo de gastos", sostuvo el juez Irurzun. En cambio, el juez Roberto Boico firmó el fallo en disidencia, ya que entendió que debían dictar la "falta de mérito" para todos los acusados y profundizar la investigación en el rol de las autoridades de la empresa Radio y Televisión Argentina, que maneja a la TV Pública.
Es que, los acusados declararon que la presidenta de RTA, Rosario Lufrano, y otros funcionarios estaban al tanto de los avances en la producción de la miniserie, para la cual se retiró ese dinero en forma irregular. La denuncia fue presentada por Ricardo Benedetti y Jimena Castiñeira contra la titular de RTA. A esa denuncia luego se le agregó otra de la propia denunciada Lufrano.
Los ex funcionarios a los que la Cámara Federal les ratificó sus procesamientos fueron Guillermo Siaira, ex director de Administración y Finanzas; y Ernesto Molinero, ex gerente de Producción, que tenían contratos con la TV Pública y presentaron sus renuncias el año pasado, a pedido de Lufrano.
Además, los jueces procesaron a Alejandro De La Torre, director adjunto de Administración y Finanzas, y a Ariel Berliner, subgerente de Producción, que tenían cargos de planta permanente y fueron despedidos "con causa" a fines del año pasado por las autoridades del canal.
La quinta persona a la que los jueces le ratificaron su procesamiento fue Adriana Maestri. La escenógrafa no es empleada de RTA ni de la TV Pública, pero fue el caso que permitió demostrar la irregularidad de los gastos para la miniserie, ya que le pagaron 1,9 millón de pesos en efectivo, "sin firmar contrato alguno o presentar factura que documente la contraprestación comprometida", plantearon los jueces en su fallo.
El único funcionario involucrado en esta causa que sigue cumpliendo funciones en la actualidad es el tesorero Claudio Lamalfa, que fue quien retiró los 11,4 millones de la sucursal del Banco Itaú que está dentro de las instalaciones del canal estatal. Es que los jueces establecieron que no formó parte de la administración fraudulenta, ya que fue apartado por los otros ex funcionarios de la operatoria irregular del dinero.
Desde que estalló el escándalo, el año pasado, ya se fueron diez funcionarios, incluyendo dos directores ejecutivos de la TV Pública: Eliseo Álvarez, que sufrió picos de presión cuando estalló el caso; y Leo Flores, que duró solo una semana, por presiones ideológicas de sectores ultracristinistas y tuvo que volver a su cargo anterior, como gerente artístico del canal.
El caso se conoció públicamente cuando el 9 de marzo del año pasado, se reveló que un directivo de la TV Pública retiró varios millones en efectivo, para pagar gastos de producción de una ficción sobre Manuel Belgrano; y que las autoridades del canal habían iniciado una auditoría interna y le habían reclamado a los directivos implicados que devolvieran ese dinero y entregaran los comprobantes de los pagos que realizaron esos días, ya que está prohibido en la TV Pública el retiro de dinero y pago en efectivo, sin contrato, autorización, ni presupuesto aprobado.|
