Si bien hubo rupturas de diferente tipo y con diferentes orígenes a lo largo de la historia, el Golpe de Estado de 1976 marcó un antes y un después para la sociedad, la política y la justicia. En principio hubo quienes negaron la existencia de desaparecidos, otros que intentaban justificar el accionar de militares que mataron a miles de personas. Instalaron la idea de “guerra sucia”, entre las Fuerzas Armadas y “grupos subversivos, como calificaba el régimen de facto a organizaciones armadas y a todo aquel que se oponía a la idea de sociedad occidental, además de minimizar el número de víctimas para correr del debate los episodios aberrantes.

Desde aquel entonces la justicia se fue consolidando a paso lento hasta condenar a los genocidas. Sin embargo, continúa latente el discurso negacionista, pese a las extensas investigaciones y la determinación de la propia Justicia. Lo cierto es que todavía existen personas que desconocen su verdadera identidad y familiares con el alma desgarrada por lo que escuchan sabiendo por experiencia propia lo que significa ser torturado y perder a seres queridos. 

Entre los procedimientos discursivos involucrados en el aparato de la negación se encuentran: la deslegitimación o el falseo de pruebas y testimonios del genocidio, la reducción de la cantidad de personas asesinadas, la inversión de la acusación a partir de la culpabilización de las víctimas y la deformación de la realidad.

A 46 años del Golpe, este año resurgieron estos discursos por parte de nuevos diputados nacionales que niegan el genocidio y el plan sistemático de robos de bebés.

Sucedió durante la sesión especial del 24 de marzo en la Legislatura de CABA, la cual manifestó su repudio al terrorismo de Estado. Las únicas bancadas que no apoyaron la declaración fueron las de Libertad Avanza, de Javier Milei, y Republicanos Unidos, de Ricardo López Murphy, con los planteos de "contar la historia completa", las referencias a los "excesos de la represión" y la "subversión". 

Años atrás, altos funcionarios públicos, incluso el propio Presidente de la Nación, durante la gestión de Cambiemos (2015- 2019), dejaron plasmados fuertes retrocesos en materia de políticas públicas en Derechos Humanos, desde el plano discursivo con el cuestionamiento a la cifra de las víctimas de la represión clandestina, hasta llegar a acciones concretas, como la vandalización de símbolos, marcas y lugares asociados a políticas de memoria, así como diversos ataques a figuras o instituciones emblemáticas del campo de los DDHH.

También se vio reflejado este 24M en la estación Rodolfo Walsh de la Línea E de subte, ubicada en avenida Entre Ríos y San Juan, por militantes de Jóvenes Republicanos de Unión Republicana, una línea interna del PRO, en una una clara conducta provocadora y negacionista.

"ATENCIÓN: hay un asesino en la estación", publicaron mediante afiches con los que empapelaron varios sectores. También, propusieron que la estación se denomine "Josefina Melucci de Cepeda", quien fue empleada de YPF, fallecida en la "Masacre en el Comedor".

Según publicaron en su cuenta de Instagram, la estación ubicada a metros del lugar donde un grupo de tareas de la Esma secuestró y desapareció al periodista y escritor el 25 de marzo de 1977, también estaría cercana al sitio, donde el periodista Ceferino Reato asegura que Montoneros cometió el atentado "Masacre en el Comedor", supuestamente coordinado por Walsh.

El periodista fue secuestrado en la esquina porteña de San Juan y Entre Ríos, luego de haber escrito y comenzado a distribuir la Carta de un escritor a la Junta Militar y su cuerpo fue visto en el centro clandestino de detención de la Esma. 

El día anterior, Walsh había hecho público uno de los alegatos más contundentes contra el régimen criminal gestado con el golpe del 76´. Fechado un año después, el 24 de marzo de 1977, ese texto testimonia y denuncia el funcionamiento del terrorismo de Estado ejecutado por la última dictadura cívico militar y sus objetivos políticos, económicos, culturales y sociales.

Por otra parte, existen dinámicas que surgen a partir de las transformaciones del negacionismo, por ejemplo, la socióloga Valentina Salvi explica la narrativa de la “reconciliación nacional” sostenida por sectores civiles y militares desde la propia dictadura. Según ella, esa retórica “pendula entre la necesidad de olvido de las secuelas de la llamada ´guerra antisubversiva´ y una suerte de ´deber de memoria´ en el que todos los argentinos resultan hermanados en la evocación de los dolores en común”.

De esta manera, el fenómeno negacionista continúa ocupando un lugar en el debate público y, por lo tanto, interpelando a los ámbitos académico, periodístico, político y jurídico. 

Luego de arduas tareas en materia de derechos humanos desde el año 2003, hoy se puede saber que la cifra de los 30.000 desaparecidos no es arbitraria:

• La cantidad de sitios clandestinos de detención y exterminio, en todo el país, superan el número de 500.
• Las estimaciones sobre el número de prisioneros que hubo en los grandes centros de detención y exterminios como la ESMA, Campo de Mayo, La Perla, el Batallón de Tucumán, el Circuito Camps, El Olimpo, El Atlético, etc, superan con creces el número actual registrado en la CONADEP y la Secretaría de Derechos Humanos.
• El número de integrantes de las estructuras militares afectadas a la represión ilegal durante todo el periodo dictatorial superan los 150 mil hombres, activos a la caza de sus víctimas.
• Los informes de la Embajada Norteamericana al Departamento de Estado, hacen constar que en el año 1978 los jefes de la dictadura argentina informaron a la DINA chilena que las víctimas alcanzaban ya el número de 22.000 a dos años de su inicio. Luego continuó su labor represiva ilegal de secuestros y asesinatos por cinco años más con posterioridad a ese informe.

Este 24M organizaciones de Derechos Humanos propusieron “un proyecto de ley para regular y poner límites al negacionismo en el país". Fue adelantado por Carlos Pisoni, uno de los principales referentes de la organización H.I.J.O.S. 

 “Vemos con preocupación el escepticismo de un sector de jóvenes de la sociedad. Es similar al de los años 90, es producto en parte de la demonización de la política”, mencionó el referente y destacó el proceso que tuvo lugar durante los años 2000, que derivó en la formación de agrupaciones políticas juveniles como el PRO, la izquierda y el kirchnerismo.

“Tenemos que comunicarnos con estos sectores, interpelarlos a través de otras herramientas. Si un joven no sabe qué pasó el 24 de marzo, es un problema“, sostuvo. La propuesta del activista es “reflexionar sobre la violencia institucional” para que “la democracia se afiance”.|