El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi inició el camino para decidir si la causa por la supuesta mesa judicial bonaerense durante el gobierno de Cambiemos finalmente se trasladará a los Tribunales de Comodoro Py 2002.
Es que el magistrado formó un "incidente" ante el pedido del entonces jefe de Asuntos Jurídicos de la AFI durante la gestión macrista, Juan Sebastián De Stéfano, quien le propuso que planteara la "inhibitoria" del juez federal de La Plata Ernesto Kreplak, quien actualmente está al frente de la causa.
El pedido de De Stéfano se repitió en la declaración del ex subsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi, quien en un largo escrito de defensa planteó que Kreplak no es el juez competente para intervenir en esta causa.
De esta forma, Martínez de Giorgi, quien recibió casi todas las causas por presunto espionaje ilegal que tramitaban en otros distritos como Mar del Plata y Lomas de Zamora, pidió a Kreplak una "certificación" de su expediente, lo que significa un informe detallado de qué investiga, quiénes son los imputados, sobre qué hechos y cómo se inició la causa.
El juez platense ya respondió a ese pedido, aunque parcialmente, porque buena parte de la documentación que allí obra está protegida por la Ley de Inteligencia, razón por la cual no puede enviarle copias digitales de todo el expediente.
Así, le dijo a su colega porteño que "podrá designar personal a efectos de que se apersone en esta sede judicial y realice compulsa de la misma, o bien solicitarla a la Agencia Federal de Inteligencia".
Ante esa respuesta, Martínez de Giorgi resolvió "correr vista (pedir su postura) a las partes a fin de que se expidan respecto del pedido de inhibitoria planteado".
Cumplido ese trámite, resolverá si le pide al juez de La Plata que deje de intervenir en esa causa y se la envíe a él para que la acumule a las demás.
Antisindical
El pasado 27 de diciembre de 2021, la interventora de la AFI, Cristina Liliana Caamaño, realizó una denuncia penal luego de descubrir una serie de registros fílmicos en los que se observaba cómo varios altos funcionarios de la Provincia de Buenos Aires y empresarios se habían reunido en secreto en 2017 para coordinar el armado ilegal de causas penales contra dirigentes sindicales, entre los que se encontraba Juan Pablo “Pata” Medina.
Fue el entonces ministro de Trabajo provincial, Marcelo Villegas, quien utilizó la palabra "Gestapo", en relación a que le gustaría tener una organización parecida para terminar con los gremialistas.
Los hechos tuvieron lugar durante la gobernación de María Eugenia Vidal y la presidencia de Mauricio Macri.
Por ello, la propia ex gobernadora está imputada, así como varios de sus ex ministros, funcionarios de la Justicia, empresarios y el intendente de La Plata, Julio Garro.|
