En un comunicado, el Ministerio de Justicia informó que la Unidad Especial AMIA "fue rejerarquizada por instrucción del titular de la cartera, luego de la degradación sufrida" durante el Gobierno de Mauricio Macri.

En un primer encuentro tras los cambios, Soria, el secretario de Justicia, Martín Mena; y D'Alessandro analizaron los lineamientos de trabajo para el corto y mediano plazo, que se inscriben "en la firme decisión política de que el Ministerio de Justicia vuelva a colaborar activamente con la investigación judicial del atentado, como se venía haciendo previo al desmantelamiento de la Unidad realizada en el año 2018".

Según explicó Soria, "la Unidad Especial que depende de este Ministerio volverá a trabajar para que los organismos judiciales competentes puedan llevar adelante su función, que es la búsqueda de la verdad de este hecho aberrante para la historia de nuestro país".

En ese sentido, destacó la importancia de las obras realizadas desde junio de 2021 en el Palacio Barolo para readecuar sus instalaciones que deben conservar los archivos sensibles de la investigación judicial. La finalización de los trabajos, permitirá "acelerar la digitalización y sistematización la documentación para asistir a los requerimientos judiciales y a los de la UFI-AMIA que depende de la Procuración General de la Nación".

La Unidad Especial dependiente del Ministerio fue creada con el objetivo de ayudar a esclarecer el atentado terrorista perpetrado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

En 2006, y luego del histórico reconocimiento de responsabilidad del presidente Néstor Kirchner, se ampliaron sus funciones para que también impulse las investigaciones sobre las irregularidades cometidas en el curso de la investigación del atentado.

Sin embargo, la Unidad fue degradada en 2018, tras las denuncias del entonces titular, el exsenador nacional Mario Cimadevilla, quien denunció que durante el macrismo "no había ningún interés en aportar a la investigación del atentado y sí un interés muy marcado en que algunos responsables del encubrimiento fueran absueltos".

A través de un decreto, Macri desplazó de la Unidad a Cimadevilla y paralizó las tareas que venía realizando el organismo.

Por su parte, D'Alessandro, quien estará al frente de esa oficina, es abogada recibida en la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) y cuenta con amplia trayectoria en el ámbito institucional, tanto en la esfera del Poder Legislativo como en el Ejecutivo, donde "se desempeñó como asesora y funcionaria con responsabilidad de gestión sobre el campo de los derechos humanos, abordaje de violencia institucional, seguridad y género".|