Según datos de la ONU, Argentina es el tercer país donde más cocaína se consume en América, después de Estados Unidos y Uruguay. Es también el tercer país del continente en el que más alcohol se bebe y a edades cada vez más tempranas; el 54% de los jóvenes de entre 12 a 17 años lo hace. Además, es el primero en consumo de psicofármacos o medicamentos que afectan el desempeño mental y emocional.
En cuanto a las provincias, Misiones que limita de un lado con Paraguay y del otro con Brasil, es una de las registra un importante flujo de contrabando de drogas como la marihuana, cocaína y en menor medida “piedra” o “crack brasileño”. Se trata de un residuo que surge del procesamiento de la cocaína, mezclada con pastillas y otras sustancias. A la fecha continúa haciendo estragos en Iguazú, ciudad que se convirtió en la primera en crear el Departamento Municipal de Conductas Adictivas. Allí el 80% de los adolescentes y jóvenes/ adultos que hicieron consultas por adicciones ingerían “piedra”, con un promedio de 20 dosis por día y una máxima de hasta 80.
Desde el inicio de la pandemia en 2020, el incremento de casos de coronavirus, el confinamiento, el cierre de actividades, la pérdida de puestos laborales y la crisis económica consecuente generaron un escenario propicio para que, en medio de cuadros de ansiedad y depresión, se disparara el consumo problemático de sustancias sin distinción por barrios ni edades.
Previo a la pandemia, en 2019 las provincias que registraron tasas brutas de mortalidad relacionada al consumo de drogas fueron Misiones en primer lugar con (59,9), seguida por Formosa (53,3), Corrientes (52,4) y Chaco (51,8), según el último informe sobre Mortalidad relacionada al consumo de sustancias psicoactivas realizado por el Observatorio Argentino de Drogas, dependiente del Sedronar.
Hasta el momento, el sistema de salud de Misiones registra solamente 54 profesionales para atender al 0,6% de la población que presenta un consumo problemático de sustancias, lo que se traduce a un total de 6.643 personas aproximadamente, según cifras oficiales, pero desde el ámbito privado aseguran que los números son mucho más altos.
De los 77 municipios que integran la provincia, Posadas, Oberá y Eldorado registran un riesgo “muy alto” de consumo, otros 31 municipios presentan un índice “alto”, 40 localidades están en riesgo “medio” y sólo 3 se encuentran en condición de “bajo” riesgo, según datos de un informe elaborado por el Ministerio de Prevención de Adicciones. Sin embargo, los especialistas consideran que la situación es más crítica y los índices de alto riesgo abarcan más ciudades.
En cuanto a la atención, existen siete puntos de asistencia a personas por consumos problemáticos, distribuidos en Posadas, Oberá, Alem, San Javier, San Vicente y Apóstoles, con el grave inconveniente de que en algunos casos atienden una vez por semana o cada quince días.
Estos espacios destinados a la contención y ayuda obliga a quienes residen en otros puntos de la provincia a desplazarse hacia las urbes, lo que habría aumentado las estadísticas de consumo en los tres municipios de alto riesgo.
En cuanto a las drogas que más se consumen: “El 70% y 80% de la población consume alcohol, de estos porcentajes un 40% lo hace regularmente, con lo cual puede entrar dentro del rango alcoholismo”, afirmó Gustavo Marín, Subsecretario de Abordaje de Adicciones de la provincia. Después siguen: la marihuana en alta prevalencia, cocaína y sus derivados como crack, paco, piedra o “crack brasileño” y entre las de diseño el éxtasis.
En cuanto a las edades, el 50% de las consultas por consumo y solicitud de tratamientos tienen como víctimas a adolescentes y jóvenes de entre 12 y 26 años.
Un caso de descontrol
Lejos de cualquier temor Luis “Cuervo” C, es uno de los reconocidos “transas” que operan en la ciudad de Oberá y estuvo detenido por varios motivos: desde lesiones y amenazas en perjuicio de su propia abuela de 70 años hasta delitos contra la propiedad en varias comisarías locales.
A mediados de enero recuperó la libertad y de inmediato activó su cuenta de Facebook, donde lejos de mostrarse mesurado, se presenta como un gángster e incluso se lo ve armado.
“Paso al privado número nuevo y desde ahí y todo el finde 24/7 full time clientes exclusivos nomás. Saludos que no decaiga la envidia de los giles”, posteó en su cuenta de la red social y hasta la fecha continúa en libertad.
Un portal de ingreso al país
De octubre 2020 al mismo mes del 2021, aumentaron considerablemente las rutas aéreas desde Bolivia a los departamentos de Itapúa, Misiones y Alto Paraná, mientras que por tierra, a raíz del cierre de fronteras, se multiplicaron los pasos clandestinos sobre el río Paraná hacia suelo correntino y misionero, por lo que el tráfico y la venta no se detuvieron, sino que complicaron aún más la problemática del consumo.
El año pasado, la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) de Paraguay en dos procedimientos y en menos de tres días se cruzó a tiros con avionetas bolivianas, una de ellas cargada con 221 kilogramos de cocaína con el sello “UFC”, algo que luego se repitió en reiteradas oportunidades hasta que a escasos metros del inicio del embalse de la represa de Yacyretá en Corrientes, los narcos lograron descargar 372 kilogramos del mismo estupefaciente y procedencia, e inmediatamente huyeron.
Lo que parece haber sido extraído de una película de ficción, es solamente un caso de los operativos realizados tras el aumento de vuelos en las nuevas rutas montadas a través de Paraguay para ingresar cocaína de máxima pureza boliviana a la Argentina.
Indiferencia social y política
La estigmatización es uno de los principales inconvenientes que impiden el correcto tratamiento y la mitigación del consumo problemático, ya que por lo general no se reconoce al adicto como un enfermo que necesita ayuda; primero desde la contención familiar y luego a través del tratamiento médico, sino que por el contrario, se los ve como “basura social”, “gente que no sirve”, en palabras de una adicta en recuperación que hoy ayuda a otros jóvenes y adultos a superar las adicciones.
En la misma línea, el especialista en salud mental y psiquiatría, Joel Fernández, consideró: “Concebimos la problemática como social y comunitaria” y aunque es importante que el adicto tenga la voluntad de seguir el tratamiento, “entendemos que la problemática no recae sólo en el paciente identificado, sino sobre el sistema familiar y la comunidad en la que se encuentra”, apuntó el profesional en diálogo con un medio local.
De hecho, “por lo general, quienes se acercan a consultar por ayuda, no son las personas que están experimentando el consumo problemático sino algún familiar o por causa judicial”, reveló el especialista.
En este último caso “la atención es aún más compleja, por varias cuestiones. Por un lado, al ser un detenido, se lo aleja de su comunidad y cuando pierden el contacto con sus vínculos, se complejiza”. Por otro lado, “cuántos más dispositivos de control social se le apliquen a una persona, más se burocratiza y se dificulta”.
A nivel nacional cada vez cobra mayor fuerza el pedido de reforma de la Ley de Salud Mental en materia de hospitalizaciones, al considerar que la ley aprobada en 2010, establece que las personas que padecen adicciones no pueden ser hospitalizadas a menos que sea por su propio consentimiento.|
