La investigación de la causa sobre la “mesa judicial” que sucedió en el 2017, durante la gestión de María Eugenia Vidal, analiza posibles conexiones entre los miembros de aquellas reuniones, la ex Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires y el ex Presidente, Mauricio Macri.

Fue el Juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak quien ordenó a la Secretaría General de la Presidencia que informe si dentro del registro de visitas tanto de la Casa Rosada como la Quinta de Olivos, figuran los nombres de Vidal o alguno de los implicados en la mesa que dio lugar a la investigación en principio.

El magistrado había tomado medidas similares ante la sospecha de “persecución” a trabajadores del Astillero Río Santiago. Lo que el juez quiere dilucidar es si hubo visitas entre mayo y el 31 de diciembre por parte de alguno de los implicados en la causa.

El total de los implicados en la causa son: Adrián Grassi (ex subsecretario de Justicia provincial); Roberto Gigante (exministro de Infraestructura); el senador provincial de Juan Pablo Allan; el intendente de La Plata, Julio Garro; Diego Dalmau Pereyra, exdirector de Contrainteligencia de la AFI; Darío Biorci, exjefe de Gabinete de Silvia Majdalani; y Juan Sebastián De Stéfano, exjefe del área de Jurídicos de la central de espías.

También estuvieron presentes el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Eugenio Villegas; Marcelo Jawroski (director de la empresa Copetro y vicepresidente de la Unión Industrial del Gran La Plata); Ricardo Alconada (presidente de la empresa Ocsa); y Guillermo Moretto (Presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata).

Otros de los asistentes fueron Jorge Oscar Del Río (vicepresidente de la Asociación Pymes de la Construcción Provincia de Buenos Aires Apymeco); Fabián Cusini (constructor inmobiliario, presidente de Agrineco); Fernando Sacrachi (director de ACIP) y Bernardo Zaslascky (director de Acimco, Asociación Comerciantes e Industriales en Materiales de Construcción).

Estas fueron las personas involucradas en la reunión que tuvo lugar en la sede del Banco Provincia, que tuvo por objetivo desarrollar estrategias para perjudicar judicialmente a referentes sindicales. El mismo contó con el aval de Julio Conte Grand, Procurador bonaerense quien fue señalado luego de que se confirmaran su autoría en audios recibidos por el comisario Hernán Cassasa.|