Las asociaciones de prensa y gremios periodísticos de Perú expresaron su rotundo rechazo a la condena por difamación dictada contra el periodista Christopher Acosta y el editor Jerónimo Pimentel por el libro Plata como cancha, un perfil del empresario y político César Acuña.
El juez Raúl Jesús Vega, del trigésimo Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, dictó dos años de cárcel suspendida (sin ingreso a prisión) para Acosta y Pimentel y el pago de una indemnización a Acuña de 400.000 soles (unos 100.000 dólares).
El magistrado consideró que Acosta atentó contra el honor a Acuña al incluir en el libro citas difamatorias realizadas por otras personas a las que entrevistó y a Pimentel por no revisar el contenido del libro y cortar esos fragmentos sensibles contra el líder del partido de centroderecha Alianza Para el Progreso (APP).
El fallo fue apelado por el abogado de Acosta, Roberto Pereira, quien en declaraciones posteriores a periodistas advirtió que el dictamen es “una estocada de muerte al periodismo de investigación”.
Por su parte, Acosta, que es jefe de la unidad de investigación del canal Latina, consideró que “los argumentos del juez son realmente absurdos” porque “limita el derecho de los periodistas a investigar e incluso a citar”.
“Poner nombre y apellido a declaraciones no puede ser considerado nunca una difamación. Los periodistas vivimos de citar, y este libro está compuesto por una investigación que integra testimonio que con nombre y apellido relatan hechos que vivieron o escucharon de César Acuña”, recordó Acosta.
“Cada una de las personas que tienen que decir algo sobre César Acuña lo dicen con nombre y apellido. Nunca los denunció a ellos, sino al periodista que reunió los testimonios”, agregó.
Ignora precedente de Costa Rica
En un comunicado conjunto, el Asociación Nacional de Prensa (ANP) y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) cuestionaron que el juez se atreva a determinar qué fuentes son válidas y cuáles no lo son, “un criterio que no solo es arbitrario sino que también atenta contra el quehacer periodístico”.
La ANP y la CPP señalaron que la sentencia ignora el precedente sentado en 2004, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó a Costa Rica anular una condena al periodista Mauricio Herrera Ulloa, al que la Justicia nacional le requería probar la veracidad de declaraciones de terceros.
Así, ambas asociaciones anunciaron que solicitarán una visita a Perú del relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigue lo sucedido con esta sentencia.
Asimismo, la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú (APEP) manifestó su preocupación al considerar que esta condena “atenta contra los principios fundamentales del ejercicio del periodismo, tanto para la prensa nacional como internacional”.
Vulnera doctrina de reporte fiel
La APEP advirtió que la sentencia vulnera estándares internacionales como la doctrina del reporte fiel, que exonera de responsabilidad a quien reproduzca de manera exacta información o declaraciones de personas sobre asuntos de interés público.
En ese sentido, recordó el precedente ocurrido con las periodistas británicas Sally Bowen y Jane Holligan, quienes en 2005 fueron condenadas por difamación al publicar en su libro El espía imperfecto las declaraciones de un excolaborador de la DEA que afirmaba que el empresario Fernando Zeballos era un narcotraficante.
Lo revelado por Holligan y Bowen se corroboró luego como cierto, cuando ese mismo año Zeballos fue condenado a 20 años de cárcel por los delitos de narcotráfico y lavado de dinero.
Así, la APEP lamentó “los frecuentes casos de acoso judicial en Perú contra periodistas que resultan molestos para poderosas instituciones y autoridades, quienes hacen un uso desmedido y abusivo del sistema de justicia, en el que interponen múltiples y maliciosas denuncias con la finalidad de amedrentarles o vengarse”.
También se manifestó contra esta condena la Defensoría del Pueblo, que antes de la publicación del fallo ya había demandado que el juez se adecuase a los estándares internacionales marcados por la Corte IDH y el Tribunal Constitucional de Perú. |
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