Diariamente la Argentina produce alrededor de 50 mil toneladas de residuos que culminan su recorrido en rellenos sanitarios, basurales a cielo abierto, ríos o en el mar, provocando una extrema contaminación del ambiente y de las comunidades. 

A su vez, gran parte de estos residuos son envases post consumo, es decir que fueron colocados en el mercado sin responsabilizarse de lo que pase luego de ser desechados. Ante esta problemática, los 150 mil cartoneros encargados de recuperar los materiales reciclables fueron los únicos que evitaron que el sistema colapsara hasta el momento.

Por otro lado, la industria argentina importa materia prima reciclada, lo que genera una pérdida de divisas. Durante 2020 se importaron más de 90 mil toneladas de residuos, que podrían recuperarse a partir de la implementación de sistemas de reciclado y generar fuentes de trabajo.

Ley de envases

Ante esta situación, el oficialismo liderado por el Frente de Todos, además de organizaciones sociales, impulsaron un proyecto de ley en el Congreso de la Nación que busca reducir el impacto de la producción sobre el medio ambiente a través de la  creación de una tasa ambiental que deberá ser abonada por los productores responsables de los envases puestos en el mercado. 

Para esto, aplicarán la Responsabilidad Extendida del Productor (REP), es decir, el deber de cada uno de los productores de hacerse responsable económicamente de su producto, desde el diseño del envase, la comercialización, hasta su disposición final; ya que uno de los principales objetivos es que el envase sea lo más liviano posible y reciclable.

La tasa no podrá superar el 3% del precio mayorista de venta del producto envasado. Con lo recaudado plantea la creación de un fideicomiso administrado por la banca pública para fortalecer los sistemas de gestión de envases y promover la inclusión de los recicladores.

Lo que se dijo

La Cámara de Comercio de los Estados Unidos en Argentina (AmCham) la calificó de "propuesta anacrónica". "Las empresas nucleadas en AmCham Argentina están comprometidas con el cuidado del ambiente y el paradigma de la economía circular, más aún, están convencidas de la necesidad de un adecuado marco regulatorio para el tratamiento y manejo de los envases utilizados en la comercialización de todo tipo de productos, que sea armónico con los estándares internacionales y compatible con la tecnología disponible en el país", señalaron en un comunicado.

Desde la Federación de Cartoneros, que impulsa el proyecto junto a ONG´s ambientales y sectores de la industria del plástico, respondieron: "mienten para no pagar" y advirtieron que el principio de la autorregulación ya "fracasó" en el país, como lo refleja el incumplimiento por parte de las "grandes empresas" de la Ley 27.279 (de Productos Fitosanitarios), que estableció la responsabilidad de las compañías fabricantes e importadoras de agroquímicos en gestión y tratamiento de envases peligrosos.

Además, aseguraron que la tecnología ya se utiliza en el país: "El proyecto de ley incentiva a las empresas a fabricar envases más amigables con el ambiente a través de una tasa ambiental, que es determinable en función del costo de la gestión del envase y varía según la composición del mismo. Es decir que, cuanto más ecológico es el envase, menor es el valor de la tasa. Asimismo, la incorporación de la tasa ambiental busca desalentar y reducir los componentes más dañinos para el ambiente y premiar aquellos envases que tengan mejores características de reciclabilidad, incidencia ambiental, ecodiseño y que incorporen materiales reciclados en su composición. Los productores también pueden optar por sistemas de retorno, como ya lo hacen algunas empresas que producen gaseosas o cervezas".

Por otro lado, la cámara de la industria del vino, Bodegas de Argentina, aseguró que comparte el principio de responsabilidad extendida "nos cabe sobre los envases de nuestros productos y somos custodios del cuidado del medio ambiente. Apoyamos toda iniciativa tendiente al cuidado del mismo, pero no compartimos que la forma de implementarlo consista en la aplicación de un impuesto que se suma a la ya insostenible carga tributaria que tenemos”.

Para finalizar, la diputada nacional Daniela Vilar consideró que "La Responsabilidad Extendida del Productor no es nada nuevo: es un principio ampliamente aceptado, promovido por la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) y aplicado en muchísimos países. Establece que quienes introducen envases en el mercado asuman su responsabilidad en reducir su impacto ambiental".

Sobre las posturas de opositores que adelantaron su rechazo bajo el argumento de que la iniciativa incorporaría un impuesto adicional, Vilar replicó desde sus redes sociales que "la tasa ambiental no es un 'impuesto' sino el pago por el servicio de reciclado de envases, imprescindible para la sostenibilidad ambiental".

Por último, la legisladora sostuvo que en el corto y mediano plazo el objetivo de la ley de Envases con Inclusión Social, si llega a sancionarse, será promover "el diseño y la producción de envases más fáciles de reciclar, más livianos, e incluso fomenta el uso de retornables o la eliminación del empaquetado innecesario" en el marco de la llamada "economía circular".|