El próximo jueves 26 de agosto, precisamente a las 14, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Carlos Rosenkrantz, se sentará frente a la jueza María Servini, quien lo citó a declarar como testigo en la causa que investiga las presiones recibidas por el grupo periodístico Indalo durante el gobierno de Mauricio Macri.

La medida tomada por la magistrada, que además procesó al ex subdirector de Recaudación de Afip de la gestión de Cambiemos, Sebastián Paladino, se fundamenta en que el juez del máximo tribunal argentino tiene al menos 59 llamado telefónicos con Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, operador de la mesa judicial de Macri y quien actualmente se encuentra en rebeldía por no haberse presentado a indagatoria en la misma causa.

Ahora, Rosenkrantz, que por su cargo podrá presentar un escrito, deberá explicar bajo juramento de verdad por qué sostuvo casi 60 comunicaciones en pleno gobierno de Cambiemos con quien fue uno de los grandes lobbistas judiciales investigado por extorsión y amenaza.

La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) realizó el entrecruzamiento de 10.738 llamados de Rodríguez Simón entre enero de 2016 y agosto de 2019.

El resultado de la pericia desencadenó en la citación a indagatoria en marzo último de Pepín, a quien Servini le atribuye un papel central en las presiones a López y De Sousa. No obstante, el lobbista decidió no regresar de Uruguay y pidió que ese país lo reconozca como "refugiado político", bajo el argumento de que lo perseguían.

Sin embargo, la semana pasada se confirmó que la Comisión de Refugiados (Core) uruguaya rechazó darle ese estatus y ahora deberá decidir la jueza Adriana Chamsarian si lo reconoce o no como refugiado, lo cual sería extraño frente al dictamen, o si avanza con su proceso de extradición, tal como pidió la Justicia argentina.

Mientras todo eso sucedía, la magistrada avanzó con el expediente y, entre las indagatorias que tomó, estuvo la del ex titular de la Afip Alberto Abad. Mauricio Macri, José Torello, Mario Quintana, Leandro Cuccioli, Ignacio Rosner y Orlando Terranova también están imputados.

La citación de Carlos Rosenkrantz llega en medio del final de su mandato y, por ello, de la pulseada por la presidencia de la Corte Suprema, que se definirá este año, posiblemente después de las Paso. 

Procesos en trámite

En una extensa resolución de 88 páginas, María Servini procesó por "abuso de autoridad" y embargó por 2 millones de pesos al ex Afip Sebastián Paladino, a quien le atribuyó el haber ordenado que se creara una herramienta informática con poder de control sobre todos los contribuyentes que formaran parte del grupo Indalo.

"La conducta de Paladino lejos está de ser considerada un acto ‘neutral’, sino que implicó llanamente un abuso de poder, aprovechándose de las facultades del organismo público, en desmedro de un grupo de contribuyentes", sostuvo la jueza Servini.

"Para nada se está reprochando las facultades que la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene para fiscalizar a los contribuyentes, sino por el contrario, que su accionar esté basado en la legalidad y no la discrecionalidad y arbitrariedad de sus funcionarios", aclaró la magistrada que instruye el expediente, en el que interviene como fiscal Guillermo Marijuán.

Se investigan "diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción", según surge del expediente.

Las supuestas presiones y la asfixia financiera sobre el grupo Indalo tuvieron como consecuencia "perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional", de acuerdo a lo indicado por la magistrada.

"Esos actos habrían sido contra los bienes del Grupo Indalo, como así también personales contra sus accionistas: Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián de Sousa, y habrían tenido inicio en el mes de octubre de 2015 (acentuándose a partir de marzo de 2016)", remarcó.

De acuerdo con la investigación judicial, las presiones comenzaron después de una reunión que el entonces candidato a presidente Macri tuvo con el empresario López, el 25 de octubre de 2015, "donde este último se habría negado a poner a disposición de Macri los medios periodísticos de Indalo en contra del gobierno que encabezara Cristina Fernández de Kirchner".

La magistrada citó además como testigos al administrador Gubernamental de Ingresos Públicos, Andrés Ballota; a Dolores Pujol, integrante del directorio de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires; y a Jorge Sánchez Cordova y su hijo Juan Manuel Sánchez Cordova, accionistas minoritarios del Banco Finansur.  |