La denuncia contra el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como presunto “responsable de una política de gobierno a través de la cual, y mediante el dictado de decretos y resoluciones, se evade la responsabilidad de tributar al sistema de Seguridad social, sindical y de obra social” fue presentada en mayo por un sector opositor del Sindicato de Municipales, encabezado por el gremialista Carlos Elías y ahora la Cámara Federal porteña ordenó la investigación al juez Sebastián Ramos.
El jefe de gobierno porteño fue acusado por los supuestos delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público por evadir tributos a la AFIP y organizar un sistema de fraude laboral en el Estado local”.
“La Ciudad de Buenos Aires cuenta con un plantel de alrededor de 25.000 trabajadores que no se encuentran debidamente registrados y que han sido contratados bajo la ficción de ser personal que presta servicios de forma independiente, inscriptos en el régimen simplificado de Monotributo”, expresa la denuncia.
Lo que está pasando
Por sorteo el expediente recayó en el Juzgado Federal N°2, a cargo de Ramos, quien se declaró incompetente pues entendió que los delitos denunciados corresponden al fuero en lo Penal Económico. Así, le envió la denuncia a su colega Marcelo Aguinsky, quien rechazó hacerse cargo de la investigación argumentando que la decisión de Ramos es “prematura” pues “no se halla precedida de una investigación suficiente que permita conocer diversos aspectos del hecho denunciado, necesarios para un correcto planteamiento de la cuestión”.
El camarista Roberto Boico coincidió en que: “La ausente actividad instructoria orientada a conocer el alcance de los hechos denunciados y circunscribir así su objeto impide definir la contienda en el sentido pretendido por el declinante”.
Así resolvió que, independientemente de que finalmente la causa pueda recaer en el fuero en lo Penal Económico, de momento deberá ser investigada por Ramos.
La resolución explica que en la denuncia “se hizo alusión a que el gobierno local tiene un plantel aproximado de 25 mil trabajadores que cubren distintos puestos de trabajo bajo modalidad contractual que se inscriben en el régimen simplificado de monotributo”.
Ello implica, según la denuncia: “un fraude a las leyes previsionales y laborales que permite la evasión de millones de pesos que no son incorporados al Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones, no otorgan la correspondiente cobertura de Obra Social y no permite participar libremente de las actividades gremiales”.
“Las personas que cumplen tareas bajo estas condiciones precarizadas de empleo no tienen la posibilidad de afiliarse al sindicato, siendo presionadas con amenazas cuando intentan reclamar sus derechos”, concluye.|
