El jueves se realizó una audiencia oficial para tratar el acuerdo en las paritarias del personal de Sanidad, pero no hubo resultados positivos. Los empresarios recalcaron que no pueden dar un aumento salarial si antes no se actualizan los aranceles que definen los financiadores (obras sociales, prepagas y el PAMI). El problema se agrava al ser una decisión subordinada al incremento en las cuotas de la medicina privada y el Gobierno no resolvió ese punto.

La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), liderada por Carlos West Ocampo y Héctor Daer, cotitular de la CGT, ordenó paros de cuatro horas para este 23 de julio en clínicas, sanatorios, hospitales privados, geriátricos y servicios de emergencia. “Reafirmamos que sin salario no habrá salud porque no resignaremos nuestro salario”, afirmaron desde el sindicato a través de las redes sociales.

En este marco, debieron reprogramar los turnos no urgentes en todos los establecimientos médicos del sector privado: la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS) dispuso esa medida porque, según advirtió, “hoy nos encontramos en una calle sin salida en la que, de un lado, tenemos la responsabilidad de actualizar nuevamente los salarios de nuestros trabajadores y, del otro, nuestros ingresos están casi congelados”.

Lo que está pasando

Tras el vencimiento de la conciliación obligatoria que dictó el Ministerio de Trabajo el 30 de junio y, ante el fracaso de las negociaciones, empresarios y sindicalistas quedaron en libertad de acción para tomar las medidas que consideraron oportunas.

Dos días antes de la audiencia del jueves que terminó sin ningún acuerdo, los prestadores de salud habían reiterado su postura ante la negociación de las paritarias: “No podemos garantizar la pretendida actualización de los salarios de alrededor del 45% porque las obras sociales y las empresas de medicina prepaga no trasladan los recursos suficientes para poder afrontar ese porcentaje”, afirmaron.

“Como empleadores de más de 320 mil personas en todo el país, asumimos nuestra responsabilidad de generar los recursos necesarios para pagar salarios y poder prestar servicio normalmente, esos recursos no los generamos libremente en el sistema de salud en el que interactuamos ya que no somos formadores de precios”, dijeron en un comunicado de prensa.

La FAPS afirmó que “nuestros ingresos, que, en definitiva, son los recursos de los trabajadores, están estipulados por los aranceles que definen los financiadores (obras sociales, empresas de medicina prepaga, PAMI). Si ellos no actualizan los aranceles que pagan, nuestros ingresos pierden día a día frente a los costos en alza”.

“Durante todo el 2020, las obras sociales, PAMI y las empresas de medicina prepaga prácticamente no actualizaron los valores de los aranceles, mientras que nuestros costos subieron, y siguen subiendo, incluso por encima de la inflación -señalaron los prestadores de salud-. En medio de una pandemia y privilegiando la atención que brindamos al 70% de las personas que habitan nuestro país, dimos nuestro mayor esfuerzo para acompañar el incremento salarial, merecido e indiscutido, de los trabajadores de la salud correspondiente al 2020″.

Según la FAPS, “tan sólo tres meses atrás logramos cerrar esa paritaria con un incremento final del 36%, cifra que acompañó la inflación del 2020 para los trabajadores, pero que no fue acompañada por los aranceles que recibimos por parte de las obras sociales y las prepagas”. 

A lo que agregaron: “Hoy nos encontramos en una calle sin salida en la que, de un lado, tenemos la responsabilidad de actualizar nuevamente los salarios de nuestros trabajadores y, del otro, nuestros ingresos están casi congelados. En el medio, miles de instituciones prestadoras de salud en todo el país al borde de la quiebra, con serias dificultades para poder subsistir y brindar salud normalmente a su comunidad”.

Además, recordaron que pese a la implementación de algunas medidas paliativas como el ATP, el Repro y el incremento de algunos aranceles, destacaron que “la distancia entre costos e ingresos lamentablemente se sigue ampliando y la situación se está agravando”.

En tanto, la Unión Argentina de Salud (UAS), que agrupa a las prepagas, actualizó una propuesta que le entregó al Gobierno para superar la crisis financiera del sector como consecuencia de la falta de aumento en las cuotas. 

• Extender el REPRO y la reducción del SIPA mientras perdure la emergencia económica y sanitaria.
• Otorgar una gratificación extraordinaria mensual, financiada y abonada desde el Estado en forma directa, mientras perdure la emergencia sanitaria del 50% del salario de enfermera/o.
• Asignar un “pase” que identifique al personal de salud como esencial. 

Las propuestas permanentes son:

• Eximir al sistema de salud de la carga fiscal producto de Ingresos Brutos, créditos y débitos bancarios, etc.
• Facultar a las entidades de la UAS a utilizar el crédito fiscal IVA no utilizado para ser aplicado al pago de aportes, contribuciones o cualquier tipo de tributo que esté alcanzada la actividad.
• Crear una partida de fondos del Estado proveniente del Tesoro Nacional para financiar coberturas
• Disponer una fórmula polinómica que contemple ajustes mensuales y automáticos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, en virtud de la variación de los costos (tal cual fija la ley, con revisión y aplicación del cálculo desde su inicio).
• Establecer un marco normativo para el ajuste de aranceles y posterior traslado efectivo a los prestadores por parte de las obras sociales nacionales y provinciales, y las creadas por leyes especiales y entes autárquicos.
• Constituir una comisión para garantizar la sustentabilidad y el acceso con equidad del sistema de salud.|