Aunque todavía no se fijó la fecha en la que se celebrará la audiencia oral y pública, se trata de un pedido formulado por la defensa de la expresidenta para poder exponer los planteos de nulidad en la causa que instruyó el fallecido juez Claudio Bonadio y en la que está acusada de encubrir a los imputados iraníes por el atentado a la AMIA.

Los jueces que intervienen en el caso son Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado y pertenecen a tres tribunales orales distintos, por lo que todavía no han logrado sincronizar sus respectivas agendas, para ponerle fecha y horario al encuentro.

Panorama general

El eje del planteo de nulidad formulado por la vicepresidenta contra el desarrollo de este expediente está dado por la intervención de los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, quienes -según información conocida recientemente- solían visitar al entonces presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada y en la Quinta de Olivos, lo que podría afectar su imparcialidad en un expediente de altísima sensibilidad política.

Tanto la defensa de la expresidenta como la del ministro bonaerense imputado en este expediente, Andrés Larroque, atacaron la resolución del 29 de diciembre de 2016 que precisamente con los votos de Hornos y Borinsky dispuso la reapertura de la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman.

Si bien las recusaciones contra esos dos jueces habían fracasado en otros momentos del desarrollo de la causa, el TOF 8 consideró que las nuevas circunstancias fácticas que fundamentan los actuales pedidos de nulidad volvieron a poner en tela de juicio el accionar judicial y reavivaron nuevas sospechas de parcialidad que hasta el momento no fueron tratadas.

Lo que se está diciendo

“La celebración de la audiencia oral y pública solicitada por las defensas y el representante del Ministerio Público Fiscal es el único mecanismo para garantizar de manera amplia los principios de oralidad, publicidad, contradicción e inmediación”, sostuvieron los jueces en el fallo al que accedió Télam.

“Publicitar y transparentar el trámite incidental y la solución a la que en definitiva se arribe, responde también a una exigencia proveniente de una sociedad que en su conjunto nos interpela como operadores y operadoras de una Justicia permanentemente cuestionada”, señalaron los magistrados.

El pedido de la defensa de la vicepresidenta había sido acompañado a principios de mes por el fiscal ante el Tribunal a cargo del juicio, Marcelo Colombo, quien pidió que se requieran informes sobre visitas al expresidente Mauricio Macri por parte de los camaristas Hornos y Borinsky, y aceptó el planteo realizar una audiencia antes de definir si se declara la nulidad del caso.

Colombo solicitó doce medidas de prueba antes de emitir opinión sobre los planteos de la defensa de la vicepresidenta, que reclama la nulidad de la causa y no realizar el juicio oral.

La fiscalía de juicio pidió al TOF8 que requiera, entre otras cosas, que la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación informe si los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky ingresaron a la Casa de Gobierno; a Jefatura de Gabinete de Ministros, al Ministerio de Justicia y/o al Ministerio de Seguridad, durante 2015 y 2016.|