El veredicto se conoció el 28 de mayo pasado pero el caso parece estar lejos de cerrarse. Ahora el policía Luis Oscar Chocobar (34) pidió la nulidad del juicio oral en el que fue condenado y quiere volver a ser juzgado pero por un jurado popular. El pedido de nulidad fue presentado el jueves por el abogado del policía, Fernando Soto, ante el Tribunal Oral de Menores N° 2, después de que el Tribunal Superior de Justicia porteño le concediera una instancia de apelación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El agente fue sentenciado a dos años de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para cumplir sus funciones por el "homicidio en exceso del cumplimiento del deber" de Juan Pablo Kukoc (18), uno de los ladrones que asaltó y apuñaló en el corazón a un turista estadounidense en La Boca, en 2017.

En el mismo juicio, el Tribunal Oral de Menores (TOM) N° 2 también condenó a 9 años de prisión a otro asaltante que era menor de edad en el momento del hecho. El reclamo de Chocobar para ser juzgado por un jurado popular viene de antes que comenzara el juicio oral en su contra.

En diciembre de 2019, su defensa hizo el pedido ante el TOM N° 2. En febrero, el tribunal rechazó el planteo. Todo terminó con dos recursos de queja, uno ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad y otro ante la Corte Suprema.

En octubre, el TSJ resolvió en contra del planteo de Chocobar, pero su defensa apeló la sentencia y pidió que sea la Corte Suprema la que definiera. El 2 de junio, cuatro días después de conocerse la sentencia contra el policía, el máximo tribunal porteño dio a conocer su decisión por mayoría de 3 a 2 de conceder la apelación.

"El Tribunal Superior de Justicia, por mayoría, decidió que nuestra petición estaba basada en las normas constitucionales que establecen la obligatoriedad de que todos los juicios penales sean definidos por Juicio por Jurados y que el planteo de ese derecho debe ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación", dijo Soto.

"La intervención de la Corte Suprema implica que el derecho de Chocobar a ser juzgado por un Jurado Popular aún no ha sido resuelto en forma definitiva y, por lo tanto entonces, el haberlo juzgado de todos modos negándole ese derecho fue apresurado y equivocado", agregó el abogado.

En paralelo, la defensa del policía había presentado en marzo del año pasado un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte, que fue aceptado por el máximo tribunal nacional y está a la espera de una definición. "Por eso le hemos pedido al TOM N° 2 que declare la nulidad de todo lo actuado en el debate oral respecto del oficial Chocobar y del veredicto de condena dictado en consecuencia, ya que debió haberse esperado a la resolución definitiva de nuestro pedido, que ahora está en análisis de los ministros de la Corte", dijo Soto.

Por otra parte, el abogado dijo que "dada la trascendencia del tema" le pidieron al tribunal oral que si no decide hacer lugar al planteo de nulidad, "suspendan el proceso hasta que la Corte suprema se expida en definitiva". "Este efecto de 'no aplicación' de una resolución apelada a la Corte se llama 'Efecto Suspensivo', y toda la doctrina y jurisprudencia coincide (desde siempre) que es aplicable en casos como el nuestro", dijo Soto.

A tres años y medio

El hecho por el que Chocobar fue condenado ocurrió la mañana del 8 de diciembre de 2017 en La Boca, a pocos metros de Caminito. El agente de la Policía local de Avellaneda salía de su casa a hacer horas adicionales al Hospital Finochietto cuando vio a dos asaltantes apuñalando a Joe Wolek (57), un turista estadounidense.

Chocobar les gritó a los atacantes, fue a socorrer a Wolek y llamó al 911. Los dos ladrones salieron corriendo y el policía los persiguió. Uno de ellos, que era menor de edad, logró escapar pero su cómplice, Juan Pablo Kukoc (18) recibió dos balazos que le provocaron la muerte días después en el Hospital Argerich, el mismo donde fue operado el turista con 10 puñaladas en el pecho.

Por la muerte del asaltante, el policía fue condenado a dos años de prisión en suspenso y una inhabilitación por cinco años para cumplir sus funciones, que entrará en vigencia cuando la condena quede firme. En agosto se conocerán los argumentos del veredicto del TOM N° 2.|