El 28 de abril inició un estallido social como respuesta a la suba de impuestos promovida por el Gobierno de Iván Duque y desechada más tarde ante la presión de cientos de miles de personas que no dieron tregua a las manifestaciones, aún persistentes. Este escenario dejó al menos 58 manifestantes muertos, cientos de heridos y otro tanto fue denunciado como desaparecido. Además, se registraron 113 hechos de violencia de género y 3.144 bloqueos en las vías que han afectado el abastecimiento y el paso de misiones médicas, según un balance presentado por la Defensoría del Pueblo. 

Por su parte, la Fundación para la Libertad de Prensa informó ataques a 233 periodistas en los cuales "el agresor más recurrente es la fuerza pública, a quien se le atribuye el 53,73% de los casos". 

En este marco, la misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a Colombia para evaluar 584 presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de las protestas contra el Gobierno iniciadas hace más de un mes, la mayoría a manos de la fuerza pública.  

Panorama general 

La Policía está en la mira de la comunidad internacional, que denuncia excesos y abusos de su parte contra los manifestantes, quienes actualmente exigen una reforma a la policía y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos que dejó la pandemia. 

En un contexto de tensión y ante la falta de acuerdos, los manifestantes decidieron suspender las conversaciones que mantuvieron con el Gobierno desde principios de mayo y convocaron a nuevas protestas para este miércoles 9 de junio. 

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que desde el 28 de abril y hasta el 3 de junio recibió 417 quejas que dan cuenta de 584 violaciones a los derechos humanos, según la transcripción oficial de su declaración ante la CIDH. 

Por su parte, la CIDH, con sede en Washington y adscrita a la Organización de los Estados Americanos (OEA) analizará toda la información recibida y emitirá "la próxima semana una declaración pública" con "observaciones y recomendaciones" en este "momento difícil", anunció Antonia Urrejola, presidente del organismo. 

En lo que va de su estadía, se reunió con la Cancillería y la fiscalía, y próximamente visitará las ciudades de Bogotá, Cali, Popayán y el municipio de Tuluá, algunos de los lugares más golpeados por la crisis. También escuchará a otras autoridades gubernamentales, organizaciones civiles, colectivos, sindicatos, víctimas y sus familiares "para recibir testimonios, denuncias y comunicaciones". 

Lo que se está diciendo 

"Del total de las quejas recibidas en el periodo de análisis, en el 73% se refiere como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública, y de ese porcentaje el 98% son atribuidas a la Policía Nacional", apuntaron desde la Defensoría del Pueblo. 

Según el jefe de la entidad, "las vulneraciones más graves se traducen en 58 casos de presuntos homicidios", de los cuales 45 ocurrieron en el departamento de Valle del Cauca, en el suroeste del país, cuya capital es Cali. 

"Esta visita para la misión es histórica y estamos seguros y seguras que este es un punto de partida para poder dar pasos importantes en la promoción y protección de los derechos humanos a partir del diálogo y el respeto mutuo", dijo en rueda de prensa la presidenta de la CIDH. 

"Claramente se trata de un contexto en que se cometieron graves violaciones de derechos humanos, que hemos rechazado de forma constante y contundente desde que empezamos a registrarlo", declaró el defensor del Pueblo. 

Lo que se viene 

El presidente, Iván Duque y el ministro de Defensa, Diego Molano,  anunciaron un proyecto de ley de reforma policial. Será radicado en el Congreso el 20 de julio y se llevará a cabo a través de 10 líneas de acción, como la creación de la Dirección de Derechos Humanos y un Observatorio de Derechos Humanos dentro de la Policía. 

Los 10 puntos claves de la reforma planteada: 

• 1. Transformación integral de la Policía Nacional y modernización del Ministerio de Defensa. 
• 2. Creación de una Dirección de Derechos Humanos dentro de la institución para la prevención, protección y respeto por los Derechos Humanos y el fortalecimiento de la política institucional. 
• 3. Estatuto Disciplinario que incluye la reestructuración de la Inspección General, supervisión y control del servicio policial y nuevo sistema de recepción, trámite y seguimiento de quejas y denuncias. 
• 4. Profesionalización y desarrollo policial con la puesta en marcha de un centro policial de estándares y una nueva universidad policial. 
• 5. Uso legal y legítimo de la fuerza, con la incorporación de prácticas y estándares internacionales. 
• 6. Participación ciudadana para la transformación integral a partir de un diálogo constante sobre servicio y la creación de una comisión para la transformación integral. 
• 7. Tecnología para la efectividad y transparencia policial, aumentando la capacidad de respuesta frente al delito, una mejor y mayor analítica de datos para la planeación y prestación del servicio y desplegando instrumentos de vigilancia aérea no tripulada. 
• 8. Nueva identidad: uniformes y patrullas para una mayor visibilidad. Se usarán 'bodycams' para documentar los distintos procedimientos y, a futuro, cada uniforme tendrá incorporado un código QR, que será como su identificación. 
• 9. Desarrollo personal y profesional con enfoque humano: más y mejores condiciones de carrera, nuevos incentivos y reconocimiento a la profesionalización, trayectoria y buen desempeño. 
• 10. Nuevo modelo de vigilancia policial con cuadrantes de vecindario, mayor y mejor relacionamiento con la gente, sobre todo los jóvenes con la 'Soy joven y estoy contigo'. |