Todo comenzó ayer cuando la delegación de argentinos conformada por miembros de diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos arribaron al aeropuerto de Bogotá con la misión de relevar detalles de la represión y las protestas que sacuden al país latinoamericano. Todos lograron pasar con la misma documentación, pero las autoridades fijaron la mira sobre el reconocido dirigente social argentino, Juan Grabois, y sin dar muchas explicaciones le impidieron continuar rumbo, lo apartaron del grupo y le pidieron que regrese a su país. “Somos un país soberano y decidimos quién entra y quién no”, apuntaron desde Migraciones sin otro argumento.

En cuestión de minutos lo hizo público: "Detenido y agredido nuevamente por un gobierno autoritario. Ahora en un cuartito. Esperando. Mis compañeros argentinos y colombianos intentando resolver afuera ¡No tenemos miedo! La Patria Grande está de pie", escribió en Twitter Grabois, miembro del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, antes de que las autoridades migratorias colombianas lo obligaran a subir a un avión para su regreso a Buenos Aires.

Lo que está pasando

En las últimas tres semanas, al menos 42 manifestantes murieron en Colombia, cientos fueron heridos y otro tanto fue denunciado como desaparecido en medio de una política de represión policial a las protestas que aún continúan. La idea de la delegación argentina es permanecer en ese país hasta el 2 de junio, y visitar, además de Bogotá, otras ciudades de magnitud importante en materia de movilizaciones, pero también en las que acumulan más denuncias por abusos de las fuerzas de seguridad.

La misión se decidió "ante las reiteradas denuncias de violaciones a los derechos humanos que se adjudica a las fuerzas regulares del Estado y a bandas paramilitares que actuarían conjuntamente –según se denuncia – frente al pacífico ejercicio del legítimo derecho a la protesta que intenta ejercer el pueblo colombiano", explicaron los organizadores del viaje antes de partir.

El objetivo final del viaje es que el grupo pueda "elaborar un informe minucioso que, de corresponder, tienda a visibilizar y denunciar las violaciones a los derechos humanos a nivel nacional e internacionalmente tal como prevé el protocolo de Estambul suscripto por el propio Estado colombiano".

Lo que se está diciendo

Desde la misión denunciaron desde un primer momento el trato diferente que recibió Grabois. "Todos pasamos con la misma documentación, las mismas cartas de invitación y venimos en el mismo vuelo y al único que apartaron fue a Juan. No le dieron ningún argumento, dijeron que el país es soberano y decide quién entra y quién no, y lo apartaron a otro cuarto", explicó a Télam uno de los miembros de la misión, Gonzalo Armúa, del movimiento Patria Grande, desde el aeropuerto internacional de Bogotá.

En su Twitter, la misión también informó que Ismael Jalil, abogado de Correpi, estuvo "demorado" por asumir la defensa de Grabois mientras intentaban evitar que fuera enviado de vuelta a Buenos Aires.

Por su parte, el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) rechazó la deportación del dirigente social argentino: "Migración Colombia acaba de deportar al ciudadano argentino @JuanGrabois, quien viene presidiendo una delegación de líderes de derechos humanos del Sur. Grabois es miembro del Consejo Asesor (Dicasterio) del @Pontifex_es y muy cercano al presidente @alferdez. ¡Que error!", dice el tuit de Samper.

La explicación del Gobierno colombiano

El Gobierno de Colombia aclaró que, el dirigente de la CTEP, que había arribado a ese país para auditar la situación social y política en medio de las protestas, agredió verbalmente a una oficial de Migración y presentaba irregularidades en su pasaporte. “El señor llegó al país con una delegación de 19 personas más. Al momento de realizar el proceso de control migratorio el pasaporte presentaba una inconsistencia, razón por la cual se le pidió que acompañara al oficial a donde el Supervisor con el fin de realizar las consultas correspondientes”, explicó la entidad.

En tanto, desde Migraciones, señalaron que Grabois agredió verbalmente a una oficial diciéndole que no tenía por qué acompañarlo a ningún lado y que lo que se quiere es secuestrarlo. “En ese momento, debido a la falta de respeto del extranjero hacia el Oficial, se procede a no autorizar su ingreso al territorio nacional. Una decisión que le fue ratificada por la Supervisora, quien aparece en un video grabado por la delegación, y en donde se ve que el extranjero le dice que acaso quién es ella para decirle que no puede entrar a Colombia”, expresaron en un comunicado.

El grupo

Integran la misión representantes de varias organizaciones, entre ellas el Servicio de Paz de Justicia (Serpaj), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), la Asociación Americana de Juristas (AAJ), el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).

En la delegación están Grabois (Patria Grande-Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano), Leonardo Pérez Esquivel (ATE); Sergio Maldonado; Alejandro Rusconi (AAJ); Marianela Navarro y Sebastián Fernández (FOL); Laura González Velasco (Somos-Barrios de Pie); Pablo Pimentel (APDH); Gonzalo Armúa (Patria Grande); Martín Ferrari (Frente Darío Santillán); Ismael Jalil (Correpi); y Teri Mattson (Codepink Women for Peace).

Además, viajaron Pablo Garciarena (Xumec, Asociación para la Protección de los Derechos Humanos); José María Cano (CTA Autonóma); Pablo Bres (Serpaj); María Paula Giménez (Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico) y Milagros Rezinovsky (Movimiento Evita), entre otros.|