La carátula dice "Macri, Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública" y lo que se investiga es el megacrédito que pidió el gobierno de Cambiemos al Fondo Monetario Internacional por 44.500 millones de dólares. Aquel monto, según el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, ingresó al país por una puerta y luego salió por otra.
Ahora, la Justicia federal aceptó que el Estado sea querellante en ese expediente y quien lo represente sea la Procuración del Tesoro de la Nación. La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 5.
Entre los denunciados, además del líder de PRO, se encuentra el ex ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, el ex ministro de Finanzas Luis Caputo y los extitulares del Banco Central Adolfo Struzenegger y Guido Sandleris.
Detalles de la causa
La investigación judicial se basa en una denuncia realizada por la OA en donde se expone un informe del Banco Central y una auditoría de la Sindicatura General de la Nación sobre los procedimientos realizados para llevar a cabo el acuerdo "Stand By" suscripto en 2018.
La denuncia indica que: "el 20 de junio de 2018 el FMI aprobó un nuevo empréstito, que fue destinado a solventar la formación de activos externos, en perjuicio del Estado Argentino y de todo el pueblo de la Nación, que con el endeudamiento subvencionó las ganancias de los especuladores por la decisión de los denunciados". Con dichos fondos, Macri y sus funcionarios habrían ejecutado un programa criminal destinado a generar enormes ganancias finales en dólares a personas físicas y jurídicas, las que fueron solventadas mediante el endeudamiento externo contraído por el Estado Nacional, según la presentación judicial.
Todo indica que a través de la violación de una serie de normas, la millonaria deuda contraída con el FMI coinciden con la cifra de dólares que se fugó en el mismo período de tiempo.
El empréstito con el organismo de crédito fue de 44,5 mil millones de dólares, un monto similar a los casi 45,1 mil millones de dólares fugados por capitales especulativos y los 46,1 mil millones de dólares de Lebacs emitidos a junio de 2018.
Entre otras cuestiones, ahora toca a la Justicia investigar si existieron vínculos entre los funcionarios y los compradores, y si estos pudieron prevalerse de información privilegiada y quién la suministró.
La Procuración del Tesoro, cumpliendo con el Decreto N° 239 del 8 de abril pasado, presentó ante ese juzgado el pedido de que se tenga al Estado Nacional como parte querellante en la causa cuyo número de expediente es 3561/2019. |
