A principios de este mes el Gobierno fijó nuevos precios máximos de referencia para la venta de gas en garrafas, pero parece que no fue suficiente. Al menos, para las empresas fraccionadoras agrupadas en la Cámara de Empresas Argentinas de Gas Licuado (CEGLA) que reclamaron un aumento del 50% y denunciaron una situación de quebranto.

Sin embargo, el pasado día 6 hubo un aumento del 21% en comparación con el último valor establecido en octubre del año pasado y también incrementó el subsidio para el Programa Hogares destinados a más de 2,3 millones de beneficiarios del plan Hogar, que representan al 60% de los consumidores de garrafas. Pero, la cartera que conduce Darío Martínez no habría muy contos a quienes venden el producto.

Ahora los vendedores de gas en garrafa piden que se declare urgente la emergencia del sector y adoptar "todas las decisiones necesarias que eviten que la situación se continúe agravando".

El panorama general

• En la actualidad el precio de una garrafa de 10 kilos es de $425, y el sector reclama una suba de entre $200 y $250, según la zona del país.

• El pasado día 6 de este mes, a través de la resolución 249/2021 de la Secretaría de Energía publicada en el Boletín Oficial, se fijó para las garrafas de 10 kilogramos un precio de venta al público de $ 424,43 para este mes, $ 429,73 para mayo y $ 435,18 para junio.

• Para las de 12 kilogramos, los valores se establecieron en $ 509,32 este mes, $ 515,68 para mayo y $ 522,22 para junio. Para las de 15 kilogramos, se fijaron en $ 636,65 para este mes, $ 644,59 para el próximo y $ 652,78 para junio.

• En todos los casos, significó un aumento final de 21% en comparación con el último valor establecido en octubre del año pasado, y estos valores no incluyen el IVA, ni Ingresos Brutos ni el costo por entrega a domicilio.

• En tanto, se estableció en $ 12.626,60 el valor máximo en planta del productor de la tonelada de gas propano y del butano de uso doméstico con destino a garrafa.

• Con 15 meses de congelamiento, y con una última corrección en julio de 2019, la Secretaria de Energía determinó en octubre del año pasado una recomposición del precio de la garrafa y los márgenes de productores, fraccionadores y distribuidores, de un 22%.

• Pero la CEGLA manifestó que los márgenes establecidos de las tareas de fraccionamiento y distribución se ubican en US$ 3 por garrafa de 10 kg. Lo que sería la mitad respecto de los de los países de la región que, en promedio, ubican ese valor alrededor de los US$ 6 por carga.

• El sector fraccionador de gas licuado da empleo directa e indirectamente a más de 9.000 personas y abastece a más de 5 millones de hogares.

La voz del reclamo

Según la Cámara, "de seguir con este difícil presente se afectará a los actores de la industria, pero principalmente se perjudicará a los usuarios consumidores, en especial a aquellos más vulnerables que, por carencia de recursos o por cuestiones de infraestructura se ven impedidos de acceder a redes de gas natural o a otros recursos alternativos".

El presidente de la entidad, Pedro Cascales, dijo que "en el contexto de segunda ola de Covid que atravesamos, y para seguir haciendo frente a la importante demanda de gas licuado que tiene nuestro país, requerimos de medidas que saquen a las fraccionadoras de la complicada crisis que sufren".

Dicen que el año pasado fue "muy duro por la pandemia del Covid-19 y por el atraso en la actualización de los precios de referencia que llevó a que la actividad de fraccionado de gas envasado esté en un contexto de déficit insostenible".

Si bien se consiguió que los valores se incrementen, no fue "al nivel esperado para cubrir los costos y márgenes razonables históricos", indicó la cámara.

"Hay una necesidad imperiosa de cubrir los costos operativos y de recuperar una razonable rentabilidad que permita mantener el nivel de inversiones tal como lo marca la Ley 26.020", sostuvo Cascales.

También reclaman "suspender todos los procedimientos de cobro de las multas que por cualquier concepto hayan sido aplicadas hasta la fecha por un plazo mínimo de 3 años y la reducción del 50% en las contribuciones patronales de los empleados del sector".  |