La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comenzó a intimar a jueces y fiscales a jubilarse en el caso de que hayan iniciado trámites para efectivizar su retiro. El organismo reclama a más de 200 magistrados que aún se encuentran en función, que informen si se retiran o retirar su trámite de jubilación ya otorgado, en un plazo de 30 días hábiles.

La Resolución de la Institución se firmó hace una semana, según publicó Télam y establece que “en los trámites que se hubieran iniciado a magistrados, en el marco de las normas procedimentales antes vigentes, en los cuales se hubiera supeditado el pago del beneficio al cese, se emplazará al titular para que dentro del plazo de 30 días hábiles administrativos acompañe la presentación de la renuncia”

Desde el sector judicial interpretan la decisión “como una nueva embestida contra el Poder Judicial”.

En ese sentido, los magistrados explican que “jueces y fiscales tienen la posibilidad de hacer sus papeles de jubilación cuando cumplen la edad de 60 años, para que ello quede asignado el día en que decidan presentar la renuncia”.

La medida invita a especulaciones de índole política ya que en esa situación se encuentran, entre otros, los camaristas Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, el fiscal Carlos Stornelli o el juez de Casación Eduardo Righi, a quien denunció el abogado de Cristina Kirchner en el Consejo de la Magistratura. Sin embargo, también está, por ejemplo, la jueza María Servini, con competencia electoral y quien advirtió que no hará las PASO en la Capital Federal si no vacunan a los empleados de su juzgado.

En trámite

El año pasado la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn) y la Asociación de Fiscales y funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación (Affun), judicializaron los cambios que se aplicaron en la ley que regula las jubilaciones de los jueces, fiscales y personal del servicio exterior, y solicitaron la inconstitucionalidad de las modificaciones.

El Congreso elevó el aporte jubilatorio del 12 al 18 por ciento e incorporó que los afectados tendrían que completar los trámites jubilatorios a través de Anses y no del Consejo de la Magistratura, como se hacía hasta entonces.

El expediente sobre la judicialización de las modificaciones aún se encuentra en trámite y podría llegar a la Corte Suprema.|