Editores, investigadores, representantes del rubro gráfico y distribuidores de libros ofrecieron su diagnóstico sobre la flamante resolución que impone un límite a la importación de ejemplares por cuestiones sanitarias y coincidieron en que la medida tiene un trasfondo proteccionista que no afectará negativamente a la cadena productiva, aunque alientan la aparición de políticas complementarias para apuntalar a uno de los sectores más castigados por la crisis.

La Resolución 253/2020, que impulsó en estos días el Ministerio de Desarrollo Productivo y establece un límite a la importación de libros de hasta 500 unidades por mes con el propósito formal de controlar el uso de tintas con alto contenido de plomo en productos gráficos, es evaluada por distintos actores del sector editorial como una iniciativa que busca alentar la impresión de libros en el país para fortalecer a las imprentas.

"Estoy de acuerdo con el fondo de la cuestión, con lo que creo que es el espíritu de la medida, que es la protección de la industria nacional. Entiendo que el Gobierno no puede salir a prohibir ciertas cosas públicamente porque tendría problemas con organismos como la Organización Mundial de Comercio y que estos son los caminos que encuentran los países, no solo el nuestro, para implementar medidas ligeramente proteccionistas", destaca Carlos Díaz, director editorial de Siglo XXI.

"Lo del plomo en tinta creo que es anecdótico, no vale la pena opinar sobre ese punto en particular ya que es la excusa que se utiliza para lograr otro fin ?explica a Télam-. Es importante que se entienda que lo que dificulta esta medida es la importación de más de 500 ejemplares, y hoy por hoy casi ninguna editorial importa esas cantidades ya que, por los cambios tecnológicos, se vuelve más sencillo y hasta más rentable imprimir esa cantidad de libros directamente en la Argentina en lugar de traerlos".

Según el director de Siglo XXI, también la medida "apunta a desalentar la entrada saldos y de fascículos coleccionables, los típicos que se venden en los kioscos de diarios, que acompañan la venta de autitos de colección, piezas para armar un dinosaurio gigante o monedas del mundo. Estos fascículos suelen ingresar al país bajo el rubro 'libros'", acota.

Martín Gremmelspacher, presidente de la Cámara Argentina del Libro, coincide con el diagnóstico del editor: "Gran impacto no va a tener porque el 90, 95 por ciento de la producción editorial se hace aquí en la Argentina ?indica-. Esto va a afectar a aquellas ediciones de más de 500 ejemplares que se hacen en el exterior, que no son tantas, y que en algunos casos son libros que casi no se pueden hacer en la Argentina".

"Es una medida que defiende la industria nacional, intenta concentrar aún más la producción acá así que en el fondo es eso, es una defensa de la industria nacional y no afecta tanto a la industria editorial ya que, insisto, la mayoría de los ejemplares se imprimen en la Argentina", precisa.

Silvina Fernández está al frente de Grupal, una distribuidora que comercializa en el país títulos de prestigiosos sellos extranjeros como Siruela, Anaya y Sexto Piso, aunque también tienen un área de negocios que incluye sellos nacionales.

Pese a que la impresión local de títulos representa un 30% de los ejemplares del fondo editorial y la importada un 55% de la facturación, no considera que la resolución genere un impacto negativo sobre las ventas.

"Esta iniciativa nos plantea nuevos desafíos, nos obliga a profundizar nuestro plan de coediciones de los libros de mayor rotación, como hicimos en otras ocasiones", señaló.

"Si bien gran parte de nuestro catálogo está integrado por sellos importados, no son tantos los casos en que importamos más de 500 ejemplares de un mismo título, por lo que no nos vemos tan afectados en ese sentido", indicó.

Añadió que, "de todos modos, la política nacional en materia de importaciones siempre nos obliga a adoptar nuevas herramientas y procesos a fin de cumplir con las formalidades de compras en el exterior".

Por fuera de los actores involucrados directamente con la cadena productiva del libro, la socióloga Daniela Szpilbarg ?que en mayo pasado presentó un relevamiento sobre la caída del sector durante los primeros meses del aislamiento social- sostiene que "si bien es una medida de tipo proteccionista, los distintos sectores del mundo del libro (gráficos, editoriales) no se ven afectados de la misma manera. Y es importante aclarar que no se trata de una restricción sino de un control sanitario, que no es lo mismo", aclara.

La investigadora del Conicet señala que esta resolución se da en el marco "de una industria que de por sí tiene dinámicas internacionalizadas, donde no solamente hay editoriales argentinas que imprimen libros en el exterior, sino que hay editoriales extranjeras que por motivos de distribución imprimen sus libros directamente en Argentina".

Szpilbarg caracteriza una dinámica compleja marcada por el borramiento de fronteras a la hora de pensar cómo se articulan los distintos eslabones del sistema editorial: "La industria de producción de libros trasciende las fronteras por su propia naturaleza productiva/organizativa", dice.

"Hay traducciones, exportaciones de libros físicos, impresión en distintos lugares del mundo por motivos desde económicos hasta técnicos por tipos de obras que no se pueden imprimir en el país. Esto implica que el libro como producto puede implicar actores de diversas procedencias: puede tratarse de un autor argentino, el trabajo de diseño hecho en otro lugar, y la impresión en el extranjero", precisa.

La investigadora explica también que si bien se presenta como una protección para la rama gráfica, la medida debe ser acompañada "con acciones complementarias para optimizar, profesionalizar y tecnificar el sector", ya que no alcanza con una medida solamente, "sino con pensar la relación entre las editoriales argentinas y las características de la industria gráfica del país".

Díaz también alerta sobre la necesidad de incluir medidas complementarias que planteen excepciones para aquellos rubros que no puedan replicar en el mercado local ciertas condiciones de impresión.

"Debería plantearse una excepción para las editoriales infantiles que, para hacer determinados libros muy complejos, con pop ups o desplegables, tienen que recurrir a China o a otros países ya que aquí no hay imprentas que dominen esa tecnología o que lo puedan hacer a precios competitivos", destaca.

Finalmente, el director de Siglo XXI considera que los debates de los últimos días en torno a la resolución ?que algunos compararon con una similar lanzada en 2012 y luego derogada durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri- están atravesados por el fenómeno de polarización que genera un desplazamiento en los focos de discusión.

"La Argentina es un país muy intenso y todo tema es susceptible de caer en la 'grieta'. Por eso podés encontrar gente que te dice que la bibliodiversidad y la cultura en general están en peligro y otra que este es un motivo para celebrar en grande. Algunas personas se agarran de esto para tratar de criticar al gobierno, en lugar de pensar en si es bueno o malo para el sector", señaló.

"Por eso creo que este tema de alguna manera quedó 'engrietado': porque no se piensa en las cosas buenas y también en las cosas negativas que genera en el mundo del libro sino que se lee en clave política. La discusión se empobrece y terminamos discutiendo otra cosa y no las necesidades del sector. De hecho, lo que deberíamos plantear es que haya un programa general de trabajo para la industria editorial que se pueda sostener en el tiempo y no un salpicado de medidas aisladas que, en la práctica, es lo que se viene haciendo, con mejores y peores intenciones, desde hace varias décadas", concluyó Díaz.

Con información de Télam