Desde ahora la Unidad de Información Financiera pondrá la lupa sobre las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS). La finalidad es evitar que se vulnere el sistema de Prevención del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Delitos Económicos Complejos, que quedó más frágil tras la aprobación de la “Ley de Apoyo al Capital Emprendedor” (N° 27.349), principal fomento de la formación de las SAS.

La normativa,  que implicó facilitar en la tramitación de nuevas sociedades comerciales, presenta importantes vulnerabilidades debido a la posibilidad de utilizar este tipo de entidades para ocultar a los beneficiarios finales a través del uso de prestanombres o testaferros, como también para generar organizaciones “pantalla”, por parte de personas que intentan eludir los estándares internacionales y soslayar el sistema, según la hipótesis de la UIF.

Para el organismo presidido por Carlos Cruz, “dentro de sus características tipificantes las SAS reúnen una serie de particularidades que la tornan frágil ya que estas compañías se vinculan con la extrema simplificación de los trámites de constitución, desarrollo, funcionamiento y cumplimiento de sus deberes bancarios, tributarios y societarios”.

En tanto, las Sociedades Por Acciones Simplificadas pueden constituirse con muy poco aporte capital, ser administradas por terceros ajenos y tener un objeto muy amplio, lo que les permite canalizar el capital en diversos y muy variados circuitos comerciales y mercados formales e informales.

La medida pondrá nuevos controles a quienes constituyan este tipo de organizaciones “debido a las amenazas que puede implicar su uso como instrumentos de defraudación y lavado”.