Las recientes revelaciones de las actividad irregulares entre Glencore y Vicentin surgen de las llamadas FinCEN Files, una investigación global que investigó más de 2.100 registros con informes de transacciones sospechosas reportadas por bancos norteamericanos (SARS por sus siglas en ingles) ante la Unidad Antilavado de los Estados Unidos. Las sospechas de la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN por su acrónimo en inglés) se acrecentó cuando en 2014 y 2015 el Deutsche Bank de Nueva York emitió dos SARS referidos a Glencore Grain, por las acusaciones alrededor de esta gigante del comercio agrícola con sede en Rotterdam de haber pagado sobornos a funcionarios en el extranjero. Los documentos fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización con sede en Washington con 400 periodistas socios de 109 medios de todo el mundo.
Pero a esta situación se le suma la investigación del fiscal Carlos Stornelli sobre Bunge, que busca averiguar si la cerealera evadió 100 millones de dólares al declarar exportaciones de soja y subproductos derivados por 7 millones de toneladas, granos que exceden ampliamente la capacidad de stockeado y acopio de la empresa. La maniobra de Bunge habría sido la de declarar granos en su poder que en realidad no poseía, para poder congelar las retenciones para luego salir a buscarlos, una vez confirmada la alícuota, de modo que la declaración jurada de exportación no habría reflejado la verdadera tenencia de los granos en manos del exportador.
En este contexto, el gobierno acelera la puesta en marcha de la Administradora Federal Hidrovía Sociedad del Estado y el Consejo Federal consultivo, que a partir de 2021 administraran el funcionamiento y las políticas de transporte de los ríos Paraná, Paraguay y Uruguay, desde donde sale aproximadamente el 80 por ciento de las exportaciones. A partir de su constitución y una vez que venza el contrato con el actual concesionario, que conforman Emepa y Jan de Nul, se licitarán las obras de mantenimiento pero la administración (y por lo tanto el cobro del peaje a las naves que transiten por esas vías) quedará en manos de la sociedad del Estado. La ruta fluvial, que tiene una extensión de 3.422 kilómetros, que recorre Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, mueve unos USD70.000 millones por donde pasan unos 4.400 buques que transportan cien millones de toneladas.
De esta manera, las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Misiones y Santa Fe serán coadministradoras, con una participación conjunta del 49% del consorcio, gran parte de la carga que se mueve en los tres ríos. El otro 51% de la AFH quedará en manos del Estado nacional. Habrá que esperar a ver cómo funciona la AFH, lo que -en la practica- significa controlar cómo viajan y de qué empresas son las barcazas del convoy de 16 unidades con 24 mil toneladas de carga que transitan por la hidrovía Paraguay- Paraná (y la cual equivale a la carga de 20 trenes de 40 vagones cada uno, o a 960 camiones cargando 25 toneladas). Según una investigación judicial, estas naves solían ir vacías al Paraguay y volver llenas al país, cuando supuestamente habían salido repletas de la Argentina.
